Sociedad Civil

Sociedad civil urge aprobación de leyes impacten narcopolítica

Ante ingreso de crimen organizado en política, pide ley de extinción de dominio, CP y modificación a leyes electorales

A propósito de la vinculación de políticos en el mundo del crimen organizado y el lavado de activos, diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron ayer la aprobación de la ley de extinción de dominio, del Código Penal y la modificación de las leyes electorales, con cuyas legislaciones se castigaría drásticamente ese tipo de ilícitos y se bloquearía el ingreso del narcotráfico a las organizaciones.

Desde el punto de vista del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), los partidos políticos son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la nación, y a su vez instituciones claves de representación. Considera que en ellos se depositan las esperanzas de un mejor porvenir y por tanto, en la medida que los partidos políticos estén fortalecidos, en esa misma medida se fortalece la democracia.

A decir de la coordinadora de PC, Leidy Blanco, en la República Dominicana todos los sectores han presenciado cómo el dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado se han abierto camino en las estructuras de los partidos políticos, sentando en los curules a personas vinculadas a este accionar delictivo o a personas de dudosa reputación lo cual sucede, según dijo, por la impunidad y la ineficiente gestión del órgano llamado a controlar y monitorear el funcionamiento de los partidos (la Junta Central Electoral).

“También ocurre por la falta de voluntad de transparentar el accionar de los partidos políticos por parte de sus órganos competentes, también a la falta de una regulación verdaderamente preventiva y sancionadora, a la inoperancia del procurador fiscal electoral, pero también a la falta de conciencia de la importancia del ejercicio del sufragio, de ese derecho que va más allá del día de las elecciones. Nos falta educar, para poder verdaderamente prevenir”, argumentó Blanco.

La coordinadora de PC comentó que la sociedad dominicana debe apoyar el esfuerzo de la Junta Central Electoral, cuyo órgano ya ha presentado dos propuestas de modificación de las leyes electorales que servirán para transparentar, democratizar y controlar el ejercicio de los partidos políticos.

“Este proyecto recoge temas fundamentales como por ejemplo, la duración, financiación y fiscalización de las campañas de los partidos políticos. Este proyecto reduce la duración de la precampaña por tanto en esa misma medida se reducen los costos de las elecciones; reduce los tope de gastos y también los topes de contribución individual hechos por particulares a precandidatos; lo que contribuiría a limitar el clientelismo que da espacio a que personas vinculadas al narcotráfico asuman candidaturas o patrocinen candidatos. También muy importante es que sanciona con inadmisibilidad de candidatura”, detalló.

Ley de extinción de dominio y el CP

Para la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que preside Trajano Vidal Potentini, sin la aprobación de una ley de extinción de dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP), en contra del crimen organizado y el lavado de activos, resultan inútiles e ineficientes.

De acuerdo a Potentini, el lavado de activos presupone de la existencia de un crimen precedente que genere los bienes ilícitos objeto del blanqueo de capitales, para el caso ocurrente el narcotráfico, delito que estaría persiguiendo la DEA, cuya imputabilidad y judicialización se conocería en los Estados Unidos (EE. UU.), donde sí disponen de la logística y el seguimiento para lograr condena, naturalmente siempre privilegiando su modus operandi de negociar con los imputados, a los fines de ampliar la persecución de más actores pasibles de condenas.

Comentó que la mesa del aparato punitivo del Estado está coja y que le hace falta, con carácter prioritario, la aprobación de una la ley de extinción de dominio, como única herramienta efectiva para recuperar los bienes ilícitos, fruto de actividades criminales, estableciendo un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, donde al margen del juzgamiento penal, puedan las autoridades recobrar los bienes defraudados por la criminalidad organizada.

Finjus ve una “oportunidad”

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) lo que está ocurriendo es una “magnífica oportunidad” para la revisión del Código Penal para que este incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas.

“Cuando la ciudadanía percibe que los partidos y agrupaciones políticas han promovido a personas, que en lugar de representarlos con dignidad son acusados de usar sus puestos y cargos para enriquecerse a costa del Estado o para coaligarse con el crimen organizado, se desploma la confianza que depositaron al elegirlos, y de esa manera se produce un quiebre en uno de los elementos fundamentales de la cadena que garantiza la gobernanza democrática, que es la confianza en las instituciones”, dijo el vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Agregó que los partidos son entidades cruciales para la salud del sistema democrático y si estos no logran convencer a la sociedad de que pueden depurar a sus candidatos no se podrá evitar que en el futuro haya lamentos.

Dicen partidos se van alejando de su fin real

El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que el fin real de los partidos políticos, actualmente se ve frustrado con la creciente crisis de credibilidad y legitimidad que exhiben esas organizaciones frente a la sociedad y que a esto también se une la descomposición social, la falta de valores éticos, y el creciente abandono de la identidad partidaria, suplantada por el clientelismo, que se ha convertido en pieza clave del ejercicio partidario. Ese mismo clientelismo que propicia la corrupción.

En ese mismo orden se manifestó la Finjus al afirmar que la situación actual ratifica que el Estado dominicano, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes del país.

 

Fuente: El Caribe

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Botón volver arriba