Educación

Someten a Ángel Hernández y al MINERD por contratos sin licitación por casi 600 millones en modalidad “grado a grado”

Santo Domingo. – El presidente del Observatorio Educativo Dominicano de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Juan Váldez, dio a conocer que ese gremio había sometido a la justicia al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y su ministro Ángel Hernández, por un presunto contrato sin licitación dentro de la entidad pública.

«Nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores hemos sometido a la justicia recientemente al ministro Ángel Hernández y al MINERD», dijo Juan Váldez.

Destacó, que la ADP ha presentado una demanda en contra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y su ministro Ángel Hernández por un presunto contrato sin licitación, argumentando que la denuncia supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario.

La denuncia presentada señala que el Ministerio de Educación ha otorgado un contrato de 599,744,291 pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) sin una licitación pública, bajo la modalidad de «grado a grado», que presuntamente esa entidad, además de ser beneficiada por ese contrato, es miembro de la Comisión Nacional del Ministerio de Educación y tiene una relación directa con la evaluación del sector educativo, lo que, según Váldez, presenta un claro conflicto de intereses.

Manifestó que la OEI ha recibido más de 1,514 millones de pesos en contratos en los últimos cuatro años, bajo la actual administración y también en gestiones pasadas, extendiéndose desde el año 2002.

«En la gestión del gobierno anterior, esa gente tiene contrato aquí desde el año 2002; Milagros Ortiz Bosch, cuando era vicepresidente de la República y siendo ministra de Educación, fue la que autorizó que el congreso les diera la condición a ellos de una especie de diplomacia», enfatizo.

La Asociación de Docentes de Inglés ha hecho llegar una solicitud a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a Carlos Pimentel, solicitando la anulación de dicho contrato.

Váldez destacó la necesidad de transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en el sector educativo y cuestionó la posición de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la legalidad de este tipo de contratos.

Fuente: El Pregonero

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