Surum reclama mejores condiciones para sistema de justicia y exige prisión preventiva en caso Senasa

Durante un receso de la audiencia de revisión de medidas de coerción del caso SeNaSa, el expresidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, trabajan jueces, fiscales y auxiliares de la justicia, y reclamó el cumplimiento de la Ley 194-04 sobre autonomía financiera. Aseguró que el sistema judicial y el Ministerio Público necesitan mayores recursos y salarios dignos para ejercer sus funciones adecuadamente.

Surum calificó como “vergonzoso” el estado en que se encuentran algunas dependencias judiciales y señaló que esta situación afecta el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales. “Es vergonzoso que la República Dominicana, precisamente por el estrangulamiento por parte del Poder Ejecutivo del sistema de justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público, precisamente para controlarlo, lamentablemente contemos con los mismos jueces y los mismos fiscales que hace 20 años”, afirmó.

Sobre el caso SeNaSa, Surum sostuvo que debe existir una respuesta contundente frente al presunto desfalco y pidió que se mantenga la prisión preventiva contra los imputados. “El pueblo dominicano debe y necesita y requiere justicia y que los principales responsables paguen por su culpa, y no solamente aquellos que se roban un racimo de guineo”, expresó.

Sobre el caso

La investigación sobre las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tomó impulso luego de que la periodista Nuria Piera difundiera un reportaje en el que expuso anomalías en la administración de la ARS estatal. Tras esa publicación, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), inició una investigación que derivó en el sometimiento a la justicia de varios exfuncionarios y personas vinculadas al caso.

Como parte del proceso, algunos de los imputados cumplen prisión preventiva, mientras que otros permanecen bajo arresto domiciliario. La revisión obligatoria de las medidas de coerción, establecida en el Código Procesal Penal, no constituye un juicio sobre el fondo del expediente, sino una evaluación para determinar si las circunstancias que justificaron las medidas cautelares continúan vigentes o si estas deben ser modificadas.

FUENTE: N DIGITAL.