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TC: grave error.-

Por: Rafael Ciprián

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La inconstitucionalidad por omisión que tenemos, conforme manda el señalado artículo 164 de la Constitución, se debe a que todos los plazos razonables que se pudieran alegar para el cumplimiento de esa disposición están vencidos ventajosamente.

La orden está contenida en la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, y que la mantuvo intacta la reforma del 13 de marzo de 2015. Por tanto, nada justifica que los tribunales contencioso administrativos de primera instancia no estén funcionando en más de diecinueve años del mandato constitucional.

Por otra parte, y para que a nadie le quepa ningún género de duda, la cita del TC que hemos hecho más arriba, tiene un seguro de redacción para justificar el error cometido, cuando en su parte final, atribuyendo competencia, señala: “…y en los demás departamentos en los tribunales de primera instancia, según lo establece el artículo 3 de la Ley núm. 13-07” (sic).

Si fuera “…según lo establece el artículo 3 de la Ley núm. 13-07” todo estaría salvado. Esto así porque el citado texto legal especifica claramente cuándo y dónde el tribunal de primera instancia es competente para conocer de los asuntos contenciosos administrativos municipales, que no es a lo que se refiere el TC en sus sentencias. Se refirió, en los múltiples casos que reiteró su precedente, sobre asuntos que no eran municipales.

Prueba de ello es que en las dos sentencias que describimos precedentemente están involucrados la Dirección General de Migración y el MINERD. No hay actuación administrativa de ningún municipio.

Es que la última parte de la cita de la sentencia del TC funciona como un ripio o lugar común. Prueba de ello es que en el literal h), página 15, penúltimo párrafo, de la mencionada sentencia TC/0398/15, el TC afirma: “Ante los argumentos expuestos por las partes y en vista del precedente consolidado por las decisiones de este tribunal constitucional con relación a casos de esta misma naturaleza, resulta pertinente que las mismas deban ser conocidas por la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de La Vega, en atribuciones contencioso-administrativas, pues en esta jurisdicción se podrían plantear y conocer todas las situaciones y ser valoradas con holgura en su justa dimensión, garantizando así la efectiva protección de los derechos fundamentales del justiciable.”

Con esta última cita queda consolidado, no solamente el precedente que criticamos, sino el gravísimo error que ha cometido el TC con ese criterio, que debe ser enmendado, para bien del orden constitucional, del TC y de la sociedad toda.

Errar es de humano, y los jueces del TC son seres humanos, aunque su función los acerque mucho a los dioses. Ojalá recuerden que son humanos, y no dioses. Así sea.

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