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TC: grave error

Por: Rafael Ciprián

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El TC afirma: “La acción de amparo ha sido prevista para sancionar las arbitrariedades evidentes o notorias cometidas por la autoridad pública o por un particular. Cuando se trate, como ocurre en la especie, de cuestionar una resolución emitida por una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, lo que procede es incoar el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo y en los demás departamentos en los tribunales de primera instancia, según lo establece el artículo 3 de la Ley núm. 13-07.”

Mientras que el artículo 3 de la ley 13-07, reza: “El Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, con la excepción de los del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, serán competentes para conocer, en instancia única, y conforme al procedimiento contencioso tributario, de las controversias de naturaleza contenciosa administrativa que surjan entre las personas y los municipios, entre las que se incluyen las demandas en responsabilidad patrimonial contra el municipio y sus funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la sola excepción de las originadas con la conducción de vehículos de motor, así como los casos de vía de hecho administrativa incurrido por el municipio.

Al estatuir sobre estos casos los juzgados de primera instancia aplicarán los principios y normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera excepcional, en ausencia de éstos, a los preceptos adecuados de la legislación civil.”

¿Dónde está el error del TC? En que el TC amplía la competencia del tribunal de primera instancia para conocer los recursos contenciosos administrativos. Eso debe ser por una ley.

El citado artículo 3 de la ley 13-07, limita la competencia de los tribunales de primera instancia a los asuntos municipales, que se refieren a las actuaciones de las alcaldías; pero el TC lo generaliza erróneamente.

Los asuntos municipales están representados por la Alcaldía correspondiente, que es el gobierno local o del municipio. Las actuaciones de los órganos administrativos del gobierno central o de los ministerios, aunque tengan dependencias funcionando en los municipios, no entran en el concepto municipal propiamente dicho, que está reservado a la Alcaldía.

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