Columnas

Tendencia Renovada del Neo-Punitivismo.

Por: Dr. Pedro J. Duarte Canaán

El establishment que desgobierna actualmente la República Dominicana ha colapsado de manera olímpica ya que, entre otras cosas ha mantenido un simulado e inexacto discurso en lo que respecta a la verdadera función del aparato punitivo, y se percibe una agenda autoritarista a través de los medios de comunicación de masas en procura de instalar un Estado de policía que fulmine el teórico Estado de Derecho vigente en la media Isla.

Una política criminal matemáticamente potable es aquella que se encuentra estructurada de manera exacta en ejes de política social, aspirando el estado a pulverizar o en su defecto reducir a su mínima expresión la extrema pobreza material, inequidad, exclusión social, y la inefable brecha generacional que laceran el tejido social en todo el continente americano.

Se presume hasta demostración en contrario que a los mosqueteros de la clase política des-gobernante de un país debe preocuparle en grado extremo el crecimiento desmesurado del fenómeno criminal, pero acontece que las políticas neo-liberales del ciclo epocal contemporáneo han arrodillado a nuestros mandantes, y se visualiza en el continente un movimiento tendencial que auspicia la instauración de un neo-punitivismo renovado, el cual le serviría de plataforma a un Estado autoritario que convertiría al colectivo nacional en una especie de jungla o tierra de nadie.

La tesis opuesta a lo antedicho sostiene que la máquina punitiva estatal debe tener una participación limitada y racional en lo referente a la respuesta que debe producirse ante la comisión del crimen o delito, haciendo abstracción de los criterios meramente políticos, ya que según Bellatti, “no hay código penal que en los últimos tiempos no haya aumentado el catálogo de delitos con intensa agravación de penas, pese a lo cual el delito no disminuye”.

Conforme a lo esgrimido se debe insistir en la imperiosa necesidad de excluir al Derecho Penal como herramienta de dominio del mando político, por lo que se valida lo expresado por el autor anteriormente citado, el cual de manera enfática plantea que “el autoritarismo punitivo no es más que la negación del Derecho
Penal”.

Se arguye en el contexto de la pureza doctrinal continental la necesidad de justipreciar en grado superlativo, no la severidad de la pena, sino la certeza de la misma, y obviar el comportamiento medalaganario de los tartufos de la política criolla los cuales enarbolan el falso discurso de la drasticidad en lo que tiene que ver con la instauración de un pampenalismo vigoroso.

Pretender utilizar el Derecho Penal Moderno como un dispositivo para dirimir el grado preocupante de conflictividad social constituye haciendo abstracción de la hipérbole una grosera irresponsabilidad de quienes han sido favorecidos con el voto popular, por lo que se legitima como perogrullada elevada al cubo lo expresado por Hassemer, “los fenómenos violentos impregnan con mucha mayor intensidad que antes nuestra capacidad de percepción social y cultural, y llegan a nosotros cada vez más de un modo comunicacional que experimental.

De todo ello se deduce que las posibilidades de dramatizar la violencia y de politizarla son extraordinariamente grandes. Los medios de comunicación conceden gran importancia al ejercicio de la violencia, y quizás por ello informen de ella de un modo altamente selectivo. Cada vez con mayor intensidad aparece la Seguridad
Ciudadana como un bien jurídico alimentando una creciente industria al
respecto”.

Se defiende el criterio de que el Estado Dominicano es verticalmente y horizontalmente semi-fallido, por lo que sus frágiles actuaciones ante el agravamiento de la pugnacidad social lo ha colocado en la posición de auspiciar
torpemente políticas erráticas, y creer que el Derecho Penal constituye la panacea
a los sofocantes males sociales.

Más que una reforma o contrarreforma del andamiaje penal y la política de drasticidad de penas, se impone una genuina, objetiva, transparente, global y democrática política pública que maximice a los más altos estándares la verdadera  expansión que necesita el país, refiérome a la educacional. La actual carrera expansionista que se agiganta en la media isla traerá consigo el incremento de las ejecuciones extrajudiciales (pseudos intercambios de disparos entre policías y presuntos infractores, la masificación del complejo penitenciario, el incremento de presos preventivos, que en la actualidad suman aproximadamente 29 mil, y en escasos años podríamos convertirnos en una ordinaria aldea poblada de convictos.

Se estima, que el expansionismo penal es un movimiento contemporáneo montaraz, despiadado e implacable, y la aspiración de los adeptos de dicha corriente es la entronización de lo que el maestro Zaffaroni denominó como “el Stalinismo Penal”.

El panorama descrito con anterioridad resulta desgarrador, ya que la hiperinflación penal es una realidad moderna, y ante la pérdida de los niveles de soberanía de los pueblos americanos se impone tristemente la voluntad de los países que subyugan al bloque tercermundista por lo que estamos fatalmente sentenciados no a vivir, sino a sobrevivir en un terruño, suelo o campamento liderado por hombres y mujeres que creen que la existencia de una legislación penal vigorosa sustituirá su inutilidad.

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba