Diversas ( NO UTILIZAR )

Terrenos Hato Mayor no son del Estado

Traslado. Gobierno buscará terrenos públicos con vocación agrícola. Detalle. Ninguno de los reclamantes es propietario de tierras.

La comisión interinstitucional que fue designada para investigar las denuncias de agricultores de la Unión de Productores Agropecuarios de las provincias de El Seibo y Hato Mayor identificó que los terrenos exigidos por los campesinos nunca han pertenecido al Estado dominicano.

Los terrenos ocupados, actualmente reclamados y motivo central del conflicto que mantuvo a un grupo de personas en vigilia frente al Palacio Nacional, no se corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada a través del Decreto 486 de 1975, que pretendía realizar un asentamiento agrario.

Señala que ni los terrenos involucrados en el citado decreto, ni los adyacentes, también ocupados por los campesinos, fueron ni han sido propiedad del Estado dominicano.

Decreto no se ejecutó

El proceso de expropiación, resarcimiento económico y creación del asentamiento nunca fue llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como propietario a ninguno de los reclamantes.

El censo social de noviembre pasado identificó un total de 740 personas, de las cuales 523 fueron reconocidas por los representantes de la Unión de Productores Mamá Tingó como personas objeto de desalojo, mientras que un total de 217 fueron indicados como personas ajenas al conflicto.

De las parcelas contenidas en el decreto, la más cercana al lugar donde se ubicaban los campesinos se encuentra a una distancia de 463 metros lineales (casi medio kilómetro) de las parcelas registradas a favor de la compañía La Carmita.

Posición del Gobierno

El Gobierno expresó que se identifica con la situación de los campesinos y agricultores de Vicentillo, comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de los reclamos de la Unión de Productores Agropecuarios de las provincias de El Seibo y Hato Mayor y de la Unión Mamá Tingó.

“De igual manera, el Estado debe también reconocer y respetar el estado de derecho, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica consignadas en la Constitución de la República.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases de una sociedad de paz y uno de los principios de la organización de todo Estado”, manifestó a través de un documento.

Pide comprensión

Indicó que ante las limitaciones que esta realidad le impone, el Gobierno dominicano apela a la justa comprensión de la opinión pública, al sentido de prudencia y sensatez de las organizaciones involucradas e inicia un proceso de consultas a fin de identificar otros terrenos de propiedad estatal, con vocación agrícola para determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un asentamiento en un plazo prudente acorde a las necesidades de los reclamantes y la situación fáctica de los terrenos identificados.

La comisión investigadora realizó el censo del 20 al 22 de noviembre de 2019 con el objetivo de obtener los datos generales de los 613 campesinos que se alega habrían sido desalojados, y así validar las demás informaciones necesarias sobre sus ocupaciones.

Propiedad privada

— Varona es el dueño
Los terrenos reclamados por los agricultores pertenecen a Pedro Guillermo Varona (el cubano), representante de la sociedad comercial La Carmita. Es la persona que había desalojado a los campesinos.

Por: José Miguel de la Rosa/El Dia

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Botón volver arriba