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TSA versus TSE

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Dos tribunales de la República se disputan en estos tiempos electorales la competencia para conocer y decidir los conflictos que se generan entre la Junta Central Electoral (JCE), con motivo de sus decisiones y, por una parte, los ciudadanos, ya sean militantes o no de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o, por la otra parte, esas organizaciones de masas, como personas morales, en sus fines proselitistas.

Esos dos órganos judiciales son: el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Aunque ambas jurisdicciones tienen claramente establecidas y regladas sus competencias, tanto en la Constitución como en las leyes que las rigen, la confusión al momento de apoderarlas para que se pronuncien sobre ciertos asuntos resulta muy grande para muchos que tienen interés legítimo y jurídicamente protegido.

Por ejemplo, el TSA ejerce sus potestades jurisdiccionales dentro del ámbito que le traza el artículo 165 de la Carta Magna. Dice: “Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) (…) contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia; 3) (…) los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley.”

Esta atribución sustantiva está enriquecida con varias e importantes leyes. La más antigua es la 1494-47. Crea la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Tiene ya setenta y dos años. Es hija de la voluntad del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esperamos que pronto sea sustituida por una verdadera norma de procedimientos judiciales de la materia. Los tiempos modernos que vivimos y los retos que el TSA enfrente en un Estado Social y Democrático de Derecho lo demanda, como lo instituye el artículo 7 del Pacto Político.

Otra ley esencial es la 13-07, que consagra el traspaso de competencias en el ámbito monetario, financiero y tributario a dicha jurisdicción. Vale decir, que esa concentración de competencia ha sido un éxito, porque le ahorra al Estado cuantiosos recursos, y facilita a las personas sus diligencias, respecto a las medidas cautelares y demás casos con que tienen que lidiar en ese espectro competencial.

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