Columnas

Un derecho

Por: Namphi Rodríguez

El derecho a un trato equitativo y no discriminatorio es una garantía que veda conductas o acontecimientos generadores de padecimientos que deriven en situaciones discriminatorias, vergonzantes, vejatorias o que, en general, impliquen pesares, generalmente intangibles, que afectan la esfera íntima o moral de los consumidores.
Una conducta es discriminatoria cuando no se aplican las mismas condiciones comerciales a consumidores que se encuentran en situación de igualdad; es decir, cuando no existe una razón objetiva que justifique el trato diferenciado. Acreditar la existencia de ese criterio objetivo es lo que distingue a un trato diferenciado de un trato discriminatorio.

Constituirá un trato discriminatorio y por tanto ilícito, el trato diferenciado que se sustente en razones meramente objetivas e injustificadas. Por el contrario, el trato diferenciado o la segmentación de mercado es una conducta lícita siempre que exista una razón objetiva que lo justifique.

El caso contrario al trato discriminatorio es el de la discriminación positiva o “discriminación inversa”, que busca proteger personas y colectivos de personas que se encuentran en condiciones de inferioridad, tales como minusválidos, personas de la tercera edad, niños, embarazadas, analfabetas, etc.

En el orden infraconstitucional, el artículo 47 de la Ley de Protección al Consumidor prescribe que, “en condiciones de venta o de servicios idénticos, las condiciones de la oferta serán iguales para todos los consumidores o usuarios en lo que respecta a los precios y calidad”.

Las previsiones de nuestra ley no son tan específicas como las que contiene la ley argentina, que tras una modificación, prohibió en sentido general todas aquellas situaciones que puedan resultar “vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

La noción de discriminación puede ser más o menos intensa dependiendo de las leyes que la describan y de los colectivos o sujetos que protejan. Un aspecto que reviste gran importancia es el derecho de los consumidores y usuarios afectados de VIH/SIDA, quienes pueden ser objeto de discriminación en la prestación de servicios.

La Ley 135-11, de Protección a las Personas Afectadas de VIH/SIDA, define esta conducta como “todas las actitudes o prácticas que tengan por objeto o resultado disminuir o limitar los derechos, afectando el desarrollo de las actividades normales de una persona o grupo de personas dentro de su contexto social, familiar, laboral o asistencial, o rechazar o excluir por la sospecha o confirmación de vivir con el VIH o el SIDA”.

El texto de la Constitución (artículos 38 y 39) consagra los derechos a la dignidad y a la igualdad como principios supremos del ordenamiento jurídico. Por esa razón, las disposiciones de la Ley de Protección del Consumidor son desarrollos legislativos de esos dos principios constitucionales.

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