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Venga la cruz de esa sepultura

En modo alguno la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales debería llevarse de encuentro los derechos de los afiliados legítimamente adquiridos y no es eso to que contempla el proyecto de ley que sí dispone la forma de preservar en el tiempo el papel y los disminuidos beneficios que rendía el organismo. Allí solo ha quedado una estructura burocrática sin razón de ser; sin justificación ni medio para ejercer el mutualismo que debe basarse en ingresos propios para sostener su existencia pero sí con gastos incontrolables que el contribuyente subsidia. Como cascarón se ha utilizado para lo legítimo en cuanto a sus antiguos cotizantes, y para lo negativo. Su burocracia de picos altos y algunos supersalarios ha sido coto de dirigencias partidarias en alianza para el clientelismo creador de empleos supefluos en pago de adhesiones y agresión a los fundamentos legales del Estado.

Sobre los residuos de lo que, tras ser un ensayo que valió la pena como primer esfuerzo institucional hacia la Seguridad Social y ahora debe quedar sepultado, solo ejercen dominio las consignas políticas y las influencias de una minoría con otros intereses y con poder sobre una improductiva nómina que allí sobrevive al margen, desde luego, del personal profesional que en algunas áreas, alejadas de las mezquindades de la politiquería, sigue fiel a los principios de sus ejercicios. Cantarle al IDSS un requiéscat in pace no tiene alternativa.

Los atrasos y sus causas  diversas

Pagar a tiempo es una virtud escasa en la mecánica del Estado Dominicano. El impago es un azote ordinario que, una y otra vez, coloca servicios vitales en crisis o al borde. Se construyen obras gigantescas y años después se descubre que mediante unas clásicas arbitrariedades de poder fueron ocupados espacios ajenos para realizarlas sin resarcir a los propietarios. Algunas de esas violaciones al derecho de contratistas y proveedores llegan a lo histórico por su magnitud y por el tiempo que ha pasado.

En muchos casos la impuntualidad con perfiles de dudosa insolvencia deriva en costos anormalmente altos para el contribuyente; no para quienes desde la comodidad de sus facultades crean compromisos. Alzas por recargos al deudor o porque la desconfianza en el Estado conduce a elevar presupuestos.

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