Vivienda responde auditoría con promesas de corrección y defensa de sus procesos internos

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) salió al paso de los señalamientos formulados por la Contraloría General de la República con una réplica institucional en la que combina explicaciones técnicas, aceptación parcial de observaciones, solicitudes de reconsideración y compromisos de mejora.  

La respuesta oficial procura aclarar diferencias contables y administrativas, y dejar constancia de medidas que, según la entidad, ya están en marcha para corregir debilidades detectadas durante la auditoría.  

Uno de los primeros puntos abordados por el Ministerio se refiere a las diferencias entre el Sistema Integrado de Administración de Bienes y los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. La institución acogió la observación y aseguró que inició un proceso de conciliación, depuración y regularización de los activos fijos, incluida la corrección de una cuenta de terrenos por RD$ 5,500,000.00.  

La explicación oficial atribuye parte de esas diferencias a la fusión institucional, al uso de métodos distintos de depreciación, a limitaciones técnicas del sistema contable y al tratamiento de adiciones a activos ya registrados. Como salida estructural, el Ministerio informó que trabaja en la implementación de un nuevo sistema ERP, conforme a los lineamientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para integrar la información patrimonial y fortalecer los controles.  

La Contraloría tomó nota de esa respuesta, pero mantuvo la observación mientras no concluya la conciliación entre los registros patrimoniales, contables y administrativos. A juicio del órgano auditor, la diferencia pendiente todavía requiere depuración, soporte documental y evidencia de corrección integral.  

Pasivos heredados  

El informe también coloca bajo revisión las cuentas por pagar del Ministerio. La entidad confirmó un saldo total de RD$ 70,549,526.47 al cierre de 2024 y reconoció que parte de las obligaciones con más de dos años de atraso corresponde a compromisos heredados, algunos sin soportes suficientes para ser validados y tramitados conforme a las normas vigentes.  

Frente a ese hallazgo, el Ministerio propuso conformar un equipo técnico especializado para depurar la cartera de cuentas por pagar y remitir los expedientes que correspondan al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Deuda Pública. No obstante, rechazó la observación sobre diferencias entre el auxiliar contable y las etapas del gasto, al sostener que no existe una equivalencia automática entre los registros contables de pasivos exigibles y los registros presupuestarios de compromisos, devengados o preventivos.  

La Contraloría no dio por cerrado el punto. El órgano de control sostuvo que la existencia de cuentas por pagar con antigüedad superior a dos años evidencia debilidades en la depuración y seguimiento de pasivos, y advirtió que la explicación sobre las diferencias entre registros no elimina la obligación de conciliar, documentar y sustentar los saldos reportados.  

Compras y urgencias  

En materia de compras y contrataciones, el Ministerio certificó que los procesos del período auditado ascendieron a RD$ 15,973,353,838. y aseguró que fueron ejecutados conforme a la normativa vigente. Al referirse a las compras por modalidad, pidió a la Contraloría la remisión del anexo 7.2, alegando que no fue incluido en la memoria USB recibida y que esa ausencia le impide verificar el detalle utilizado por los auditores.  

La entidad acogió parcialmente el señalamiento sobre procesos no incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Explicó que el caso de mayor monto corresponde a un proceso de urgencia para la terminación del centro Las Parras, por lo que, a su entender, no podía ser planificado en el PACC. Los demás casos fueron vinculados por el Ministerio a metas presidenciales en proyectos hospitalarios, carcelarios, educativos y de infraestructura.  

La Contraloría, sin embargo, sostuvo que la exclusión de procesos del plan anual debía estar respaldada con evidencias formales de urgencia, reprogramación o autorización. También mantuvo la necesidad de revisar los soportes del anexo solicitado para confirmar la composición de las compras por modalidad y los montos adjudicados.  

Fuente: acento