Judiciales

Wilson Camacho insiste que plazos para la prisión preventiva “no pueden obedecer a lógicas matemáticas”

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), Wilson Camacho, insiste que el conteo de los plazos, específicamente para la prisión preventiva como medida de coerción, a los imputados en los casos de corrupción sometidos y declarados complejos, no pueden obedecer a una lógica matemática.

Camacho respondió de esa manera al ser cuestionado sobre la cercanía del vencimiento de los 18 meses de cárcel al mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y tiempo máximo que establece la ley para la prisión preventiva.

Explicó que el plazo de vencimiento a la medida “tiene que obedecer a un plazo razonable y ese plazo razonable debe de tener en cuenta el grado de la alta complejidad de ese proceso y otros” que están sometidos a la justicia.

En ese sentido, dijo esperar que el Poder Judicial entienda la dinámica de esos casos y «se coloque a la altura de la circunstancia».

El exjefe del Cusep cumplirá a final de octubre los 18 meses de prisión que le dictaron el 10 de mayo del 2021. Cáceres fue apresado el 24 de abril del año pasado, fecha en la que se inicia por ley el conteo del tiempo tras las rejas.

«Por su condición de militar activo y por el alto rango que ocupa» que podría poner en peligro el proceso en su contra fue la razón que argumentó este lunes la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dijo el abogado José Alberto Ortiz, quien representa al Estado, al salir de la audiencia de revisión este lunes.

Anteriormente, cuando el juez Deiby Timoteo Peguero modificó la prisión preventiva por domiciliaria a Alexis Medina y a otros imputados en Operación Antipulpo, Camacho citó a que “la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión” el alto nivel de complejidad de los casos.

Recordó que, por ejemplo, en Operación Antipulpo, “hay 48 personas que han sido procesadas” y “tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad”.

En ese sentido, José Alberto Ortiz explicó: «El Código (Procesal Penal) habla de 18 meses como plazo máximo en casos complejos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual estamos vinculados en virtud de la Constitución de la Republica y del Pacto de San José de 1978, consagran ese principio, de que en casos complejos la prisión preventiva no se computa de manera matemática sino de acuerdo a la complejidad y a la realidad de cada caso”.

Acusación contra Adán Cáceres

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, es señalado de encabezar una red que desfalcó al Estado con más de 3,000 millones de pesos a través del Cusep, caso que está siendo investigado por el Ministerio Público con el nombre Coral.

Hace dos semanas se ratificó también prisión preventiva a Rossy Guzmán (la Pastora) y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, y demás imputados en el mismo expediente.

Asimismo, al general Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), implicado en Coral 5G, correspondiente al que tiene que ver al caso de corrupción en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), a cuyo extitular, general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), igualmente se decidió en agosto que continuara en la cárcel.

Por los casos Coral y Coral 5G se habría estafado al Estado con más de 4,000 millones de pesos.

Fuente: DL

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