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Comisión de diputados del PLD cataloga de secuestro político apresados en Calamar

Una comisión de varios diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), catalogaron como secuestro el arresto de varios altos dirigentes políticos en la Operación Calamar, presunta red de corrupción creada en detrimento del Estado dominicano.

La comisión, encabezada por el diputado Juan Julio Campos y otros 16 más, se presentó este martes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con la intención de poder ver a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes se encuentran recluido en la cárcel que funciona allí de manera provisional.

«El motivo de nuestra visita es para solidarizarnos con nuestros compañeros que están prácticamente secuestrados en el Palacio de Justicia, son presos políticos, porque a muchos de ellos no se le llamó para a interrogatorios», consideró el legislador por Higüey.

Juan Julio Campos junto a diputados peledeístas (Foto: Félix Lara)

Los imputados solo tienen acceso a través de un teléfono con los abogados, pues la visita de amigos y familiares están prohibidas

Destacó, que el apresamiento del excandidato presidencial de su partido, es una forma de destruir por parte del Gobierno a la principal organización de la oposición política.

«Eso no lo van a lograr, porque el PLD está en la calle y la gente sabe que ellos son presos políticos, más que un asunto legal es político y así estará el partido en solidaridad con esos compañeros, exigiendo no que no se le haga justicia, sino que se respete el debido proceso, que debe tener cualquier ciudadano que tenga conflicto con la ley», pidió Campos Ventura.

Personalidades en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (Foto: Félix Lara)

La madrugada del sábado fueron detenidos el exministro Administrativo de la Presidencia, Peralta; exministro de Hacienda, Guerrero; y excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo, junto a 16 personas más.

Ésta tarde se le conocerá medida de coerción contra los 22 acusados de supuesta asociación de malhechores, lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, entre otros delitos.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y la declaración de caso complejo.

Fuente: El Nuevo Diario

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