Abinader ha emitido 4 decretos para racionalizar el gasto público desde el 2021

A propósito de que el Gobierno dio a conocer una serie de propuestas para la racionalización del gasto público como medida de contención ante el aumento del precio de los hidrocarburos por la guerra en el Medio Oriente, el presidente Luis Abinader en cuatro ocasiones ha emitido decretos para regular recursos.

En junio del 2021, el presidente Abinader emitió el decreto 396-21, que estableció medidas para racionalizar el gasto público durante todo ese año, y hasta el 1 de enero del 2022, aunque luego se extendió.

Este decreto prohibió la realización de fiestas, agasajos, celebraciones y actividades similares, así como donaciones y obsequios; además, restringió el uso de vehículos oficiales los fines de semana y días feriados, y las compras de boletos aéreos para viajes oficiales.

En enero del 2022, el mandatario extendió esta disposición al emitir el decreto 3-22. En esta disposición se prohibió la compra de vehículos de motor en el Gobierno Central, salvo excepciones precisas, y se reiteró la denegación de toda solicitud de exoneración o exención que no tenga su base en una ley.

Dos años después, en febrero del 2024, el presidente Abinader emitió el decreto 71-24, con el fin de eficientizar el gasto público durante ese año a través de diversas medidas administrativas, entre las que se encontraban la prohibición de compras de vehículos de motor y sólo dispusieron de flanqueadores motorizados en sus desplazamientos funcionarios públicos específicos.

Por último, en marzo del 2025 el mandatario emitió el decreto 105-25, que tuvo como objetivo principal implementar medidas para optimizar el uso de los recursos públicos en todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo durante ese año.

Ayer, el Gobierno anunció que ha dispuesto de una serie de medidas generar unos 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.

Estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores.

Asimismo, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, entre otros.

Además, una reducción “verificable” de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.