Opinión

Plan anticrisis y protección social en tiempos de incertidumbre global


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Por: José Marte Piantini

Las tensiones geopolíticas, el impacto de las guerras y la volatilidad de los mercados obligan a los gobiernos a tomar decisiones extraordinarias para proteger a sus ciudadanos. La República Dominicana responde con medidas orientadas a preservar el bienestar social, estimular la economía y evitar mayores cargas sobre la población.

Las economías del mundo atraviesan uno de los períodos de mayor incertidumbre de los últimos años. Los conflictos armados que afectan distintas regiones, particularmente las tensiones y enfrentamientos en Medio Oriente, incluyendo la situación relacionada con Irán, han provocado fuertes presiones sobre los mercados internacionales. Entre las principales consecuencias se encuentran el aumento de los precios del petróleo, el encarecimiento de la energía y el incremento de los costos de producción y transporte a nivel global.

La República Dominicana no está aislada de esa realidad. Como nación importadora de petróleo, cualquier alteración significativa en los precios internacionales tiene efectos directos sobre la economía nacional. Ante este escenario, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha diseñado un conjunto de medidas que deben entenderse como un verdadero plan anticrisis orientado a proteger a los dominicanos y dominicanas frente a una coyuntura internacional compleja.

El objetivo central de estas iniciativas es evitar que el peso de la crisis recaiga sobre las familias, especialmente sobre la clase media y los sectores más vulnerables. Por ello, una de las decisiones fundamentales es mantener intactos los programas sociales que benefician a miles de hogares dominicanos, garantizando la protección de quienes más necesitan el respaldo del Estado en momentos de dificultad económica.

Asimismo, el plan incorpora importantes alivios para las pequeñas y medianas empresas. Entre ellos, se establece que las empresas que actualmente pagan anticipos de manera mensual puedan hacerlo en tres cuotas al año, otorgando mayor liquidez y capacidad de operación. Además, se amplía de 12 mil millones a 15 mil millones de pesos el financiamiento dirigido a personas físicas, pequeños negocios y sectores agropecuarios, fortaleciendo la actividad productiva nacional.

Otro aspecto relevante es el aumento del límite de compras para pequeños negocios, que pasa de 55 mil a 100 mil pesos, facilitando sus operaciones comerciales. De igual manera, se contempla la eliminación de los anticipos a los activos del sector agropecuario mediante un esquema respaldado por ley, una demanda que durante años había sido planteada por distintos sectores productivos.

Las medidas también incluyen incentivos para la inversión y el crecimiento económico. Se impulsará la depreciación acelerada para estimular nuevas inversiones privadas a partir de 2027, así como el reembolso a exportadores de impuestos selectivos vinculados a combustibles y seguros. También se prevé la devolución del impuesto selectivo aplicado al alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.

En materia tributaria, el plan contempla la eliminación gradual de impuestos relacionados con hipotecas, constitución de compañías y seguros de vida. Asimismo, se propone reducir la tasa aplicable a las ganancias de capital por venta de inmuebles para personas físicas, llevándola de un 25 % a un 10 %. También se elimina el ITBIS a ambulancias, camiones de bomberos, compactadores de basura, asfalto y AC-30, medidas que contribuyen a reducir costos en áreas de alto impacto social y de infraestructura.

En cuanto a los combustibles, luego de los ajustes anunciados, se establece un mecanismo de congelamiento de precios por tres meses, siempre que el petróleo WTI no supere los 95 dólares por barril. Esta disposición busca ofrecer previsibilidad y evitar mayores presiones sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Tan importante como lo que se modifica es lo que permanece intacto. No se toca el ITBIS general, no se modifica el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), no se aumentan los impuestos sobre las rentas de las MIPYMES, ni se gravan las compras por internet o las plataformas digitales. Además, se fortalece el mínimo no imponible para proteger el poder adquisitivo de la clase media y contribuir a cubrir el costo de la canasta básica.

La economía dominicana continúa mostrando señales positivas de crecimiento y mantiene su capacidad de atraer inversión extranjera. Sin embargo, gobernar también implica anticiparse a los riesgos. En ese contexto, el presidente Luis Abinader ha asumido la responsabilidad de impulsar medidas que permitan enfrentar una eventual crisis internacional sin trasladar mayores cargas a quienes menos pueden soportarlas. Se trata de un plan anticrisis concebido para preservar la estabilidad, proteger a las familias y asegurar que la República Dominicana continúe avanzando aun en medio de un escenario global adverso.