Corrupción: la fábrica de pobreza

Por Máximo Calzado Reyes

En el artículo 146 de la Constitución se proscribe toda forma de corrupción. Sin embargo, cada día nos enteramos de casos como el de SENASA, donde cada pago irregular disminuyó los fondos para consultas, medicamentos, estudios y procedimientos.

Cada peso sustraído del erario representa una escuela que no se reparó, una medicina que no llegó, una casa que no se construyó o una comunidad sin agua. El dinero desaparece de los registros, pero sus consecuencias permanecen en la vida de quienes dependen del Estado.

Las personas con mayores ingresos pueden sustituir los servicios deteriorados. Pagan clínicas privadas, colegios, transporte, seguridad y sistemas alternativos de electricidad. Los pobres no tienen esa posibilidad. Cuando la corrupción debilita una institución, ellos reciben primero el impacto y quienes tardan más en recuperarse.

El problema se agrava cuando la pobreza se utiliza políticamente. Una ayuda, beca o empleo puede convertirse en instrumento para comprar lealtades. El ciudadano deja de recibir una prestación como titular de derechos y comienza a percibir como un favor. La necesidad se transforma en dependencia y la dependencia en control electoral.

La corrupción también reduce las oportunidades, un niño que estudia en una escuela sin maestros, tecnología ni alimentación adecuada inicia la vida en desventaja. Un joven que necesita conexiones para conseguir empleo aprende que el mérito vale menos que la cercanía con el poder. Una familia sin acceso a salud puede perder sus ahorros, su estabilidad y hasta uno de sus integrantes.

En resumen, la pobreza no siempre es producto de la falta de recursos, muchas veces surge de su distribución injusta, de decisiones capturadas y de instituciones que sirven mejor a quienes tienen influencia. Cuando la corrupción entra por la puerta del Estado, las oportunidades salen por la ventana. Y quienes terminan pagando no son quienes firmaron el contrato, sino quienes esperaban que ese dinero se convirtiera en una vida más digna.

La corrupción roba oportunidades, roba salud, educación, por eso los ciudadanos debemos solicitar información pública, vigilar las contrataciones públicas, participar en vistas públicas, consultas, presupuestos participativos y sesiones municipales, exigir rendición de cuentas, compartir trabajos documentados y evitar difundir acusaciones sin fuentes, entre otras acciones que describiremos en los próximos artículos.