Presupuesto público

Por: Máximo Calzado Reyes

Cuando los recursos públicos se administran con favoritismo y clientelismo: los derechos dejan de depender de la ley y comienzan a depender de las relaciones personales.

El favoritismo aparece cuando una autoridad concede empleos, contratos, ayudas o servicios a determinadas personas sin considerar el mérito, la necesidad o el interés general. El clientelismo lleva esa práctica más lejos: convierte los recursos estatales en instrumentos para comprar lealtades políticas, asegurar votos y conservar estructuras de poder.

El presupuesto deja entonces de ser una herramienta de desarrollo y se transforma en una moneda de intercambio.

Una beca ya no se entrega necesariamente al estudiante con mejores condiciones para aprovecharla, sino al recomendado. Un contrato público puede adjudicarse al empresario relacionado, aunque su oferta sea más costosa.

Un empleo estatal puede reservarse para el militante, aunque otro ciudadano posea mayor preparación.

El daño no termina en la persona excluida, cuando se contrata por cercanía y no por capacidad, disminuye la calidad de los servicios públicos. Cuando se adjudican obras por vínculos políticos, aumentan los riesgos de sobrevaluación, incumplimiento y corrupción. Cuando las ayudas sociales se distribuyen según preferencias partidarias, la pobreza se convierte en una oportunidad para controlar voluntades.

Cuando se incentiva el clientelismo y el favoritismo, se está sembrando la semilla de la desigualdad ciudadana, donde unos acceden al Estado mediante derechos; otros necesitan favores. Unos cumplen procedimientos; otros realizan una llamada. Unos esperan durante meses; otros atraviesan la fila protegidos por su apellido, su militancia o sus conexiones.

El clientelismo debilita la democracia, quien recibe una ayuda condicionada puede sentir que debe agradecer al dirigente lo que, en realidad, fue financiado con recursos de todos. El funcionario se presenta como benefactor y oculta que únicamente administra bienes que no le pertenecen.

En resumen, los recursos públicos deben administrarse en función de los parámetros de legalidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas. No basta demostrar que el dinero fue gastado; es necesario comprobar quién se benefició, bajo cuáles criterios y con qué resultados. Por tales razones, las consecuencias negativas del favoritismo y el clientelismo son: desigualdad en el acceso a derechos, deterioro de los servicios públicos, aumento de la corrupción, debilitamiento de la democracia y desprofesionalización del Estado.