La Constitución que perdimos

Por: Namphi Rodríguez

En febrero de 1844 conquistamos la independencia nacional. En noviembre fundamos la República. Pero la Constitución de la villa de San Cristóbal nació herida por una contradicción esencial. Mientras proclamaba la ley como su basamento, se permitía que quien gobernara pudiera colocarse por encima de ella.

La República de la Constitución primigenia no iba a ser una expresión del pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte.

Para los trinitarios, la ruptura con Haití era el punto de partida de una tarea mayor que implicaba construir una nación de instituciones, donde ningún hombre pudiera sobreponerse a la ley. El Manifiesto de febrero preconizaba una República de derechos para sus ciudadanos.

Sin embargo, los conservadores, encabezados por Pedro Santana, veían estos planteamientos como idealistas y alejados de las exigencias de la realidad apremiante.

Duarte y Santana encarnaron dos concepciones distintas de la República. El primero aspiraba a someter al gobernante a la ley; el segundo privilegió la autoridad concentrada.

Ese fue el caldo de cultivo que dio lugar a una lucha feroz por el poder para definir el sentido de la independencia. De un lado, Los trinitarios, defensores de una República de leyes; del otro lado, Santana y los hateros, convencidos de que la supervivencia del naciente Estado exigía autoridad y mando sin límites.

La confrontación tuvo un desenlace desigual. Duarte fue perseguido y expulsado, mientras Santana consolidaba su poder. El hombre que había concebido la independencia quedó desterrado y el militar que ganó protagonismo durante la guerra se convirtió en la figura central del poder.

Cuando llegó el momento de redactar la primera Constitución, esa correlación de fuerzas pesaba sobre la Asamblea Constituyente reunida en San Cristóbal. Allí había que decidir si la Carta Política regiría al gobernante o tomaría el sentido de su voluntad.

La amenaza de una nueva invasión haitiana era real. La nación necesitaba defenderse y los conservadores encontraron en esa urgencia argumentos para barnizar el autoritarismo.

Además, existía otro peligro, supuesto o real, el medio a perder la independencia alimentó la idea de extraviar las libertades que le daban sentido. El poder militar pesaba sobre los constituyentes. Santana tenía soldados, prestigio y determinación para imponer sus condiciones.

Esas condiciones fueron implantadas mediante el ominoso artículo 210 de la Constitución. Invocando las circunstancias excepcionales de la guerra, se concedieron al presidente facultades extraordinarias para adoptar las medidas que considerara necesarias en defensa del Estado, quedando exento de régimen de consecuencias

Se aprobaba una Constitución para organizar y limitar el poder, pero al mismo tiempo se autorizaba al gobernante a apartarse de sus límites. La contradicción era profunda.

¿Quién determinaría la emergencia y su duración? Cuando el gobernante puede invocar sin control la seguridad nacional para justificar sus decisiones, la excepción corre el riesgo de convertirse en la regla.

A esa concesión se sumó otra de enorme trascendencia. Santana quedó escogido en la Constituyente como presidente por dos períodos consecutivos, sin someter su continuidad a una segunda elección.

La República nacía proclamando el principio de soberanía; empero, su primer presidente constitucional recibía un mandato de permanencia que limitaba el derecho del pueblo a decidir su gobierno.

En los hechos, todo aquello fue una tragedia que marcaría el destino dominicano. Nos independizamos de la dominación extranjera, pero aceptamos la necesidad de defender la nación exculpando la concentración del poder en manos de un déspota.

Santana consolidó su dominio. Duarte y los trinitarios fueron perseguidos y exiliados. Se creaba el precedente funesto de que las circunstancias justificaban que el poder se colocara por encima de la Constitución y de la ley.

San Cristóbal debe recordarse no solo como la cuna de la Constitución, sino como el escenario donde quedó plasmada una contradicción que marcaría nuestra historia: proclamábamos la libertad de la nación, mientras debilitábamos las garantías destinadas a proteger la libertad de sus ciudadanos.

El autor es juez de la Suprema Corte de Justicia.