APLICACIÓN DE LA IA EN LOS SISTEMAS JUDICIALES

Por Trajano Vidal Potentini Adames

La inteligencia artificial (IA) está transformando progresivamente la administración de justicia en distintas partes del mundo. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, analizar documentos jurídicos y automatizar tareas ofrece nuevas posibilidades para agilizar los procedimientos, optimizar los recursos y ampliar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.

Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías también plantea importantes desafíos relacionados con los derechos fundamentales, la privacidad, la igualdad ante la ley, la transparencia y el debido proceso. El uso de algoritmos para evaluar riesgos, clasificar expedientes o formular recomendaciones puede contribuir a mejorar la gestión judicial, pero también generar sesgos y reproducir desigualdades presentes en los datos utilizados para su entrenamiento.

Por ello, el desafío no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas a los tribunales, sino en garantizar que su utilización respete los principios de legalidad, independencia judicial, imparcialidad y tutela judicial efectiva.

1. La inteligencia artificial en el sistema de justicia de Estados Unidos

En Estados Unidos, las herramientas algorítmicas se han utilizado en el ámbito penal para apoyar la evaluación de riesgos y orientar determinadas decisiones judiciales, incluidas las relacionadas con la libertad provisional, la libertad condicional y la imposición de penas.

Uno de los ejemplos más conocidos es COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), un instrumento de evaluación de riesgos empleado para estimar la probabilidad de reincidencia de una persona a partir de diferentes variables y datos históricos.

Su utilización ha generado debates sobre la transparencia de los algoritmos, la posibilidad de discriminación y la dificultad de que las personas afectadas conozcan y cuestionen los criterios empleados para establecer sus niveles de riesgo.

Estas controversias evidencian que las herramientas automatizadas no deben considerarse infalibles. Las evaluaciones algorítmicas requieren supervisión humana, mecanismos de auditoría y garantías que impidan que una predicción estadística sustituya la valoración individualizada que corresponde a las autoridades judiciales.

2. La inteligencia artificial en la justicia china

China ha desarrollado una estrategia de digitalización judicial que incorpora sistemas inteligentes para gestionar expedientes, analizar documentos, facilitar investigaciones jurídicas y apoyar determinadas actuaciones procesales.

Entre las iniciativas más relevantes figuran los tribunales especializados en internet, como el de Hangzhou, concebidos para conocer controversias vinculadas con actividades digitales, comercio electrónico y otros asuntos relacionados con el entorno virtual.

Estas plataformas permiten realizar actuaciones en línea y utilizar herramientas tecnológicas para facilitar la presentación de documentos, la gestión de pruebas y la tramitación de determinados litigios.

Asimismo, diversos tribunales chinos han incorporado sistemas de asistencia inteligente capaces de recuperar precedentes, identificar información relevante y apoyar la elaboración de documentos jurídicos.

No obstante, es importante distinguir entre la asistencia automatizada y la decisión jurisdiccional. La utilización de sistemas inteligentes para analizar información o formular recomendaciones no implica necesariamente que una inteligencia artificial actúe como juez autónomo. Su implementación también plantea interrogantes sobre la protección de datos, la transparencia y las garantías procesales.

3. La inteligencia artificial en la justicia de Estonia

Estonia constituye uno de los referentes internacionales en materia de gobierno digital. Su experiencia demuestra cómo la transformación tecnológica puede facilitar la prestación de servicios públicos y mejorar la gestión de la información.

En el ámbito judicial, la digitalización permite tramitar procedimientos, gestionar expedientes electrónicos y facilitar el intercambio de información entre instituciones.

Estonia también ha sido mencionada en debates internacionales sobre la posibilidad de utilizar sistemas automatizados para resolver controversias de menor cuantía. Sin embargo, las propuestas divulgadas sobre un supuesto «juez robot» para resolver litigios inferiores a siete mil euros deben distinguirse de los proyectos efectivamente implementados: no debe presentarse esa iniciativa como un sistema judicial autónomo plenamente operativo sin una fuente verificable que lo confirme.

La experiencia estonia resulta relevante, precisamente, porque permite examinar las oportunidades de la justicia digital sin perder de vista la necesidad de preservar la revisión humana, el derecho de defensa y los mecanismos de impugnación de las decisiones.

4. La inteligencia artificial en el sistema judicial canadiense

Canadá ha impulsado modelos de resolución digital de controversias para facilitar el acceso a la justicia y reducir las dificultades que enfrentan los ciudadanos al momento de reclamar sus derechos.

Un ejemplo es el Civil Resolution Tribunal de la provincia de Columbia Británica, un tribunal en línea que atiende determinadas controversias civiles mediante procedimientos digitales, herramientas de orientación y mecanismos de resolución de conflictos.

Su modelo permite que algunas disputas se gestionen sin necesidad de acudir inicialmente a una audiencia judicial presencial. Sin embargo, conviene precisar que se trata de una plataforma de resolución digital de controversias y no de un juez de inteligencia artificial que decide automáticamente todos los casos.

En el campo de la investigación jurídica también destacó ROSS Intelligence, una herramienta basada en inteligencia artificial que fue desarrollada para facilitar la búsqueda y el análisis de información legal mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Su propuesta permitía a los profesionales localizar precedentes y consultar información jurídica de manera más eficiente. La empresa dejó de operar en 2021, por lo que ROSS debe abordarse como un antecedente histórico de la evolución de la tecnología aplicada al derecho.

Estas experiencias muestran que la innovación judicial puede adoptar diferentes formas: desde plataformas de resolución de conflictos hasta sistemas especializados de investigación y análisis jurídico.

5. La inteligencia artificial en la justicia del Reino Unido

En el Reino Unido, las herramientas algorítmicas han sido utilizadas y evaluadas en ámbitos relacionados con la seguridad pública, la investigación criminal y la gestión documental.

Uno de los casos más debatidos fue HART (Harm Assessment Risk Tool), una herramienta desarrollada para apoyar la evaluación del riesgo de reincidencia en el contexto policial. Su funcionamiento y los criterios utilizados generaron discusiones sobre la transparencia de los modelos predictivos, la posibilidad de sesgos y las consecuencias de utilizar información histórica para orientar decisiones sobre personas.

La experiencia de HART evidencia la necesidad de examinar cuidadosamente la calidad de los datos, las variables consideradas y las consecuencias de las evaluaciones automatizadas, especialmente cuando pueden afectar derechos fundamentales.

Otro ejemplo es el empleo de tecnologías de revisión documental en investigaciones complejas. La herramienta RAVN, especializada en inteligencia artificial aplicada al análisis de documentos, fue utilizada en trabajos de revisión de grandes volúmenes de información.

En una investigación vinculada con Rolls-Royce, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (Serious Fraud Office, SFO) recurrió a herramientas tecnológicas para facilitar el análisis documental. Se ha informado sobre el procesamiento de decenas de millones de documentos en investigaciones de esta naturaleza, lo que ilustra la importancia de la automatización cuando los investigadores deben examinar cantidades de información que resultarían difíciles de revisar exclusivamente mediante procedimientos manuales.

Estas herramientas pueden acelerar la identificación de documentos relevantes, la clasificación de evidencias y la búsqueda de patrones. No obstante, sus resultados deben someterse a controles de calidad y revisión profesional, sin asumir que la automatización elimina por completo los errores.

6. La inteligencia artificial en los sistemas judiciales de América Latina

América Latina también ha avanzado en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y automatización en la administración de justicia. Brasil, Argentina, Colombia y Chile ofrecen experiencias relevantes para estudiar las posibilidades y limitaciones de estas herramientas.

Brasil: automatización y análisis de expedientes

Brasil figura entre los países de la región que han desarrollado iniciativas de inteligencia artificial para apoyar la actividad de sus tribunales.

Estas soluciones se han orientado, entre otras funciones, a clasificar expedientes, identificar asuntos similares, analizar documentos y facilitar la gestión de grandes volúmenes de procesos.

En este contexto, proyectos como Sócrates, asociado al desarrollo tecnológico del Superior Tribunal de Justicia brasileño, ilustran el interés por utilizar herramientas inteligentes en la investigación jurídica y el análisis procesal. La identificación de cada sistema y de la institución responsable debe realizarse con precisión, pues no todas las iniciativas tecnológicas pertenecen al mismo tribunal.

El objetivo de estas aplicaciones es reducir tareas repetitivas, optimizar los tiempos de procesamiento y facilitar el trabajo de los funcionarios judiciales, sin que ello suponga necesariamente sustituir el razonamiento de los jueces.

Argentina: Prometea y la justicia predictiva

Argentina ha desarrollado iniciativas destacadas en el uso de inteligencia artificial aplicada al derecho. Entre ellas sobresale Prometea, impulsada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta herramienta fue concebida para automatizar tareas, analizar información jurídica y asistir en la preparación de documentos. Su desarrollo se vinculó con la búsqueda de soluciones que permitieran responder con mayor rapidez a determinados asuntos administrativos y jurídicos.

Prometea también ha sido objeto de interés por sus aplicaciones en el análisis de casos y en la identificación de patrones que pueden facilitar la elaboración de propuestas de resolución. En determinados proyectos se ha explorado su utilización en asuntos relacionados con derechos sociales, incluidas controversias vinculadas con el acceso a la vivienda.

En mayo de 2019, el sistema fue presentado en un encuentro internacional relacionado con la inteligencia artificial, lo que contribuyó a visibilizar la experiencia argentina en el ámbito de la innovación jurídica.

La aplicación de estos sistemas exige, sin embargo, establecer límites claros. Las recomendaciones automatizadas no deben confundirse con decisiones judiciales definitivas, y su uso debe permitir la revisión de los resultados, la identificación de los criterios aplicados y la protección de los derechos de las personas involucradas.

La experiencia argentina demuestra que la inteligencia artificial puede servir como instrumento de apoyo institucional, siempre que su implementación esté acompañada de controles jurídicos y técnicos adecuados.

Colombia: de Prometea a PretorIA

Colombia también ha desarrollado herramientas tecnológicas para enfrentar los desafíos derivados de la elevada carga de trabajo de sus instituciones judiciales.

En este contexto destaca PretorIA, sistema de apoyo a la labor de la Corte Constitucional colombiana, concebido para facilitar la selección y el análisis de expedientes de tutela que llegan a esa jurisdicción.

La herramienta permite procesar información, identificar asuntos relevantes, clasificar documentos y generar resúmenes que facilitan el trabajo de los funcionarios responsables de examinar los casos.

Su utilidad resulta especialmente importante en un sistema en el que la Corte Constitucional debe revisar un elevado número de expedientes relacionados con la protección de derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud.

Entre sus objetivos figuran mejorar la organización de la información, identificar palabras clave y facilitar el análisis estadístico de los casos. De esta manera, los funcionarios pueden concentrar sus esfuerzos en los asuntos que requieren un examen jurídico más profundo.

PretorIA ilustra una aplicación de la inteligencia artificial en la que la tecnología contribuye a organizar el trabajo judicial, pero no reemplaza la función constitucional de los magistrados ni elimina la necesidad de evaluar jurídicamente cada expediente.

Chile: digitalización y gestión documental

Chile ha incorporado herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de documentos judiciales, facilitar la tramitación electrónica y apoyar la transcripción de audiencias.

Estas soluciones contribuyen a organizar los expedientes, agilizar la consulta de información y facilitar el acceso a los antecedentes procesales.

La automatización de tareas documentales puede reducir el tiempo dedicado a labores repetitivas y favorecer una administración judicial más organizada. Sin embargo, su eficacia depende de la calidad de los sistemas, la capacitación de los funcionarios y la existencia de procedimientos que permitan verificar la exactitud de la información procesada.

La experiencia chilena forma parte de una tendencia regional orientada a fortalecer la justicia digital y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Alemania: sistemas expertos para el análisis jurídico

Fuera de América Latina, Alemania también ha sido escenario de investigaciones académicas sobre sistemas expertos aplicados al derecho.

Entre las iniciativas mencionadas en la literatura especializada figura JUDITH, vinculada con el desarrollo de herramientas computacionales destinadas a abordar determinados problemas jurídicos mediante la aplicación de reglas normativas.

Este tipo de sistemas busca representar conocimientos jurídicos y utilizarlos para analizar situaciones concretas. Su funcionamiento depende de la correcta identificación de las normas, las condiciones de aplicación y los hechos relevantes.

Aunque estas tecnologías pueden ayudar a estructurar el razonamiento jurídico, no deben equipararse automáticamente con una inteligencia artificial capaz de resolver cualquier controversia. Su alcance está condicionado por el conocimiento incorporado, las reglas utilizadas y los límites del problema para el que fueron diseñadas.

7. El futuro de la inteligencia artificial en la administración de justicia

La inteligencia artificial ofrece oportunidades significativas para transformar la administración de justicia. Su utilización puede contribuir a reducir retrasos, organizar expedientes, facilitar la investigación jurídica, mejorar la gestión documental y ampliar el acceso de los ciudadanos a la información legal.

Sin embargo, estos avances deben ir acompañados de garantías que protejan los derechos fundamentales. Entre los principales desafíos figuran los sesgos algorítmicos, la protección de datos personales, la transparencia de los sistemas, la seguridad de la información y la posibilidad de cuestionar los resultados generados por herramientas automatizadas.

La colaboración entre juristas, tecnólogos, legisladores, universidades y operadores del sistema judicial será determinante para diseñar modelos de implementación que respondan a las necesidades reales de las instituciones y de los ciudadanos.

La tecnología debe estar al servicio de la justicia, no convertirse en un sustituto de sus principios esenciales. En consecuencia, la incorporación de sistemas inteligentes requiere reglas claras sobre su utilización, mecanismos de supervisión y una delimitación precisa de las responsabilidades de quienes diseñan, administran y utilizan estas herramientas.

El futuro del abogado frente a la transformación tecnológica

Durante casi quince años se ha debatido sobre el futuro de la abogacía y los cambios que las nuevas tecnologías producirían en el ejercicio profesional. En los últimos años, esta discusión ha adquirido una nueva dimensión con la expansión de la inteligencia artificial generativa y su incorporación a distintas actividades jurídicas.

Las reflexiones de autores como Richard Susskind han contribuido a examinar cómo la transformación digital puede modificar la prestación de servicios legales, la organización de los despachos, la investigación jurídica y la relación entre los profesionales del derecho y sus clientes.

El abogado contemporáneo deberá desarrollar nuevas competencias tecnológicas, aprender a utilizar herramientas de investigación asistida y comprender los límites de los sistemas automatizados. La formación jurídica ya no puede permanecer al margen de estos cambios.

No obstante, la incorporación de la inteligencia artificial no elimina la importancia del criterio profesional, la interpretación de las normas, la argumentación, la ética ni la responsabilidad que acompaña al ejercicio del derecho. Por el contrario, cuanto mayor sea la capacidad de automatizar determinadas tareas, más importante resultará garantizar que las decisiones jurídicas se adopten con rigor, independencia y respeto a las personas.

En definitiva, la inteligencia artificial puede contribuir a una justicia más eficiente y accesible, pero su legitimidad dependerá de que se utilice bajo principios de transparencia, responsabilidad y control humano. Los sistemas judiciales deberán encontrar un equilibrio entre innovación y garantías, de modo que el progreso tecnológico fortalezca —y nunca debilite— la confianza ciudadana en la justicia.

SOBRE EL AUTOR

Trajano Vidal Potentini Adames es abogado, politólogo y catedrático universitario, con más de 36 años de experiencia académica y profesional. Posee maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, entre otras áreas de especialización.

Ha desarrollado labores docentes y de investigación, incluido el acompañamiento académico en programas de formación doctoral de la Universidad del País Vasco, España. Asimismo, ha sido profesor de grado y maestría y coordinador académico de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) para el período 2024-2027 y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT). También dirige la firma de abogados Trajano Potentini & Asociados, preside la sociedad comercial Serví Marketing Interactivo (SMI, SRL), vinculada con medios digitales y estudios de opinión, y dirige el capítulo dominicano de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.

Potentini es autor de más de veinte obras jurídicas y ha participado como expositor en congresos, seminarios e intercambios internacionales celebrados en distintos países de América, Europa y Asia. Entre sus áreas de interés figuran la globalización, la tecnología, la inteligencia artificial, la comunicación política, el gobierno abierto y las políticas públicas de transparencia e institucionalidad democrática.

Asimismo, es propietario y coordinador general de TEMISIA, presentada como una plataforma de inteligencia artificial jurídica dominicana.

Contacto: [email protected]

NOTA SOBRE LAS FUENTES

El presente artículo se fundamenta en consultas bibliográficas y fuentes digitales sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, así como en el apoyo de TEMISIA, plataforma de inteligencia artificial jurídica dominicana, y de herramientas de inteligencia artificial generativa utilizadas con fines didácticos y académicos.

TEMISIA: www.temisia.com.do

DECIMA ENTREGA, ESPECIAL PARA EL GRUPO SMI

Patrocinado por