Centros de datos e inteligencia artificial: cuando la infraestructura digital se convierte en un desafío político

Por: José Aquino A.

A pocas semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, los centros de datos que sostienen el crecimiento de la inteligencia artificial se han convertido en un inesperado tema electoral en Estados Unidos. Su expansión, anteriormente promovida como símbolo de inversión e innovación, enfrenta ahora una creciente resistencia ciudadana.

Una encuesta nacional reciente de Fox News reveló que el 71 % de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial cerca de sus comunidades, incluido un 46 % que los rechaza firmemente. Más de la mitad, sin embargo, aceptaría ubicarlos en zonas remotas. El resultado evidencia que el debate no supone un rechazo absoluto a la tecnología, sino preocupación por la distribución de sus costos y beneficios.

Las inquietudes se concentran en el consumo de electricidad y agua, el posible aumento de las tarifas, el ruido, la ocupación del territorio, los incentivos fiscales y la limitada cantidad de empleos permanentes. La controversia ya llegó al Congreso: el Senado no logró avanzar el proyecto conocido como Ratepayer Protection Act, que buscaba evitar que los hogares asumieran los costos de ampliar la infraestructura eléctrica requerida por grandes consumidores, incluidos los centros de datos. La propuesta recibió 57 votos, tres menos de los necesarios.

El debate también pasó de las protestas a las urnas. En ocho estados, los electores decidirán al menos 39 consultas locales relacionadas con centros de datos. Candidatos republicanos y demócratas intentan responder a una oposición que supera las tradicionales divisiones partidarias.

Existe una contradicción: la población utiliza cada vez más herramientas de inteligencia artificial, pero no necesariamente quiere su infraestructura cerca. La IA no funciona en una nube intangible. Detrás de cada consulta existen servidores, redes, almacenamiento y refrigeración que demandan electricidad. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos consumieron 415 teravatios-hora en 2024 y podrían superar los 945 en 2030.

Esto no significa que debamos rechazar estas instalaciones. Pueden atraer inversión, generar empleos especializados, fortalecer los servicios en la nube, asegurar la continuidad gubernamental y empresarial, y contribuir a la soberanía digital. El desafío consiste en definir bajo qué condiciones deben operar y quién asumirá sus impactos.

La discusión constituye una advertencia para la República Dominicana, que aspira a posicionarse como centro tecnológico y de servicios digitales del Caribe. Su conectividad internacional y ubicación geográfica ofrecen ventajas, pero cualquier expansión deberá considerar la capacidad eléctrica, disponibilidad de agua, ordenamiento territorial, ciberseguridad, protección de datos y beneficios comunitarios.

El país necesita una política que exija energía adicional, preferiblemente renovable; eficiencia y transparencia en el uso del agua; estudios de impacto; formación de talento local, y normas rigurosas de seguridad y continuidad operacional.

La experiencia estadounidense demuestra que el capital, la conectividad y los permisos gubernamentales ya no son suficientes. En la era de la inteligencia artificial, los centros de datos también necesitan confianza ciudadana y una verdadera licencia social para operar.

Por José Aquino A.
Profesor universitario | Especialista en Seguridad y Defensa, Centros de Datos AOS, Protección de Datos y Sistemas de Información.