Judiciales

Conocen este miércoles acuerdo del MP con seis imputados en operación Calamar

MP pidió a la jueza Altagracia Ramírez Cruz declarar el decomiso en favor del Estado de los bienes e inmuebles entregados de manera voluntaria

SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoce este miércoles la solicitud de un criterio de oportunidad pedido por el Ministerio Público (MP) en favor de seis imputados en la operación Calamar.

El órgano acusador solicitó al tribunal declarar la extinción de la acción penal para Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Victor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo DIBEFE, S.R.L. .

El Ministerio Público pidió a la jueza Altagracia Ramírez Cruz declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes e inmuebles entregados de manera voluntaria por cada acusado conforme a los criterios individuales de cada uno.

“Los involucrados han colaborado de manera eficaz en el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos”, explica el documento del acuerdo.

El escrito establece que los investigados aceptan su participación delictiva, hechos estos todos subsumibles en los tipos penales de corrupción, decir, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, sobornos y lavado de activos. Solicita al juzgado ordenar el levantamiento de las medidas de coerción a los involucrados en los casos que proceda.

Cabe resaltar que conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, el Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, a algunos de los imputados, o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido.

En este caso Calamar, de acuerdo al expediente acusatorio, que involucra a 46 imputados, incluyendo 34 personas físicas y 12 jurídicas, con 3,662 páginas y más de 2,000 pruebas y los encarta de sustraer más 21 mil millones de pesos del erario público.

Fuente: el Nuevo Diario

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