Infraestructuras públicas desprovistas de seguros, dejan al país vulnerable ante cualquier catástrofe

La situación geográfica de República Dominicana la expone a una amplia gama de riesgos naturales. A pesar de que esa condición le ha costado cuantiosos recursos al Estado, el país posee un conjunto de infraestructuras públicas que no cuentan con seguro en caso de catástrofe.

La advertencia es vieja, y los intentos por superar el resguardo de las edificaciones estatales, tan importante para la economía, han sido muchos.

El recién destituido vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, Víctor Rojas, reveló en 2021 que cerca del 80% de las obras de infraestructura del Estado estaban desprotegidas de una póliza de seguros, al punto de que el edificio que alberga el Palacio Nacional se mantuvo en esas condiciones por muchos años.

Es evidente que de esa realidad están muy conscientes las autoridades. El ex incumbente de Seguros Banreservas había anunciado que se trabajaba en dos grandes proyectos, uno de ellos a través de la Dirección General de Alianza Público Privada para las obras de nuevas infraestructuras, a través de un convenio con la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CODOAR), pero todo quedó en planes y proyectos que nunca se concretaron. Mientras, la preocupación y vulnerabilidad persisten.

En la actualidad, la realidad es peor, y a pesar de que no se cuenta con la data precisa hasta el momento, el presidente ejecutivo de CODOAR, Franklin Glass, está convencido de que la desprotección de esas infraestructuras estatales supera el 80%.

El Estado no asegura sus infraestructuras, dice, y eso incluye puentes, carreteras y edificaciones, por tanto, considera que es el “momento de abocarse a un plan de mitigación de riesgos cada vez que el Estado sale a construir infraestructuras, pero no se aseguran”.

Las fallas sísmicas activas y los frecuentes temblores de tierra obligan a asegurar de manera urgente las propiedades estatales. La realidad es que todo se ha quedado en propuestas.

Es decir que, las vías de acceso de comunicación terrestre, como carreteras, puentes, elevados y pasos a desnivel, además de las presas, túneles y edificios públicos que incluyen centros de educación, centros de salud, oficinas públicas y centros de emergencia, sin excluir el Metro de Santo Domingo, no están protegidos.

Del Metro de Santo Domingo, solo los vagones estaban asegurados, a pesar de que la infraestructura representa el 80% del costo de la obra.

Edificaciones como el denominado “Huacal”, la más grande estructura que alberga oficinas públicas del país, así como los puentes que conectan de manera efectiva la zona oriental de la Capital y la región este del país, tampoco cuenta con la protección de un seguro.

El derrumbe producido el año pasado en el paso a desnivel de la avenida Máximo Gómez, en la que perdieron la vida nueve ciudadanos, evidenció que infraestructuras públicas como el túnel de la avenida 27 de febrero carecen de seguro contra incidentes de ese tipo.

Ante la grave situación, la entonces superintendente de Seguros, Josefa Castillo, se limitó a decir que “dentro de la cultura del seguro, eso no estaba previsto”. Agregó además que, “los ingenieros compran un seguro para la obra mientras está en curso la construcción, y luego ya eso no tiene ningún tipo de aseguramiento”.

Pero, ¿qué iniciativas se han tomado desde la Superintendencia de Seguros?

A raíz del paso del huracán Fiona por el país en 2022, se produjo un encuentro entre ejecutivos de CODOAR y la entonces incumbente de la entidad mencionada, Josefa Castillo. Se procuraba evaluar los pormenores de los daños causados y la posibilidad de activar un plan de contingencia para proteger a los asegurados.

Sin embargo, también se expuso la necesidad de que las obras del Estado estén aseguradas por lo costoso de su reparación, debido a que, para mitigar esa situación, la Superintendencia de Seguros tuvo que autorizar el uso de las reservas catastróficas, que en la actualidad ascienden a 200 millones de dólares como partida de emergencia. Un verdadero negocio del “capaperros”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, teóricamente, se ha manifestado preocupación con miras a buscar un mecanismo efectivo para asegurar los bienes del Estado, pues están muy conscientes de las pérdidas millonarias que afectan las estructuras públicas.

La realidad, y el porcentaje aumentado de vulnerabilidad de las edificaciones del Estado evidencia que tampoco desde esa instancia fue poco lo que se hizo, a pesar de tener clara la necesidad de un seguro con el que el Estado pueda ser resarcido ante cualquier siniestralidad.

Pero ¿de acuerdo al esquema del Estado a nivel de infraestructuras, cuales están aseguradas?

Al parecer, solo algunos ministerios y oficinas públicas como las empresas distribuidoras de electricidad, algunas plantas de generación eléctrica, puertos y aeropuertos, estos últimos por las exigencias de estándares internacionales, y entidades que dependen del Ministerio de Hacienda están protegidas. Entre esas instituciones, según CODOAR, están las superintendencias y la Tesorería Nacional.

Tampoco hay que suponer que las nuevas obras levantadas en los últimos años estén protegidas contra catástrofes. Los representantes del sector asegurador siempre se han quejado de que “los gobiernos lo que hacen es que, durante el proceso de construcción de las obras, tiene seguro, pero finalizada la construcción y entregada la obra, deja de tenerlo”, lo que resulta sumamente preocupante. En la actualidad, el gobierno dominicano solo cuenta con una línea de 200 millones de dólares para atención rápida en situaciones de desastres.

¿Qué le cuesta al Estado no asegurar sus edificaciones?

El hecho de que el Estado asegure sus edificaciones y otras estructuras es vital, pues los números de un informe elaborado hace tiempo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establece que “los huracanes David y Federico le costaron al Estado Dominicano el 18.4% del PIB. Entiéndase 1,600 millones de dólares en el año 1979”.

Los datos contenidos en el referido informe establecen además que “el ciclón Georges le costó al Estado el 16.1% del PIB (3,200 millones de dólares); Jeanne 1.6% del PIB (315 millones de dólares) y Olga y Noel 285 millones de dólares. En el caso de David y Federico, el sector asegurador indemnizó a los asegurados por 125 millones de dólares, lo que representó a lo pagado por el Estado un 9.6%. Por Georges, el pago realizado por los seguros fue de 600 millones de dólares

Un estudio más reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que, República Dominicana, que ocupa las tres cuartas partes de la isla Hispaniola, está situada entre cuatro placas tectónicas diferentes, lo que la coloca en un contexto de peligro real de desastre.

Establece además que entre 1980 y 2022, 74 grandes desastres de origen natural afectaron a 7.22 millones de personas, más de dos tercios de la población del país, mientras el 25.1% de la población es muy frágil a los fenómenos extremos.

Por ejemplo, los ciclones tropicales y tormentas a los que se expone el país durante gran parte del año son el peligro natural más frecuente, con 36 entre 1980 a 2022. Más aún, según fuentes del Ministerio de Agricultura, contenido en el referido informe, un total de 139 ciclones tropicales han afectado directa o indirectamente a República Dominicana entre 1851 y 2021.

Organismos multilaterales como el Banco Mundial, estima que las pérdidas medias anuales por vientos huracanados ascienden a 345 millones de dólares, un 0.48 del Producto Interno Bruto (PIB). Solo por citar un caso, el huracán Fiona causó daños por 20 mil millones de pesos (375 millones de dólares) en 2022. En 1998, el huracán George ocasionó los mayores daños y pérdidas económicas en términos absolutos, representando el 14.5% del PIB de la época.

Pero la Hispaniola se considera una zona sísmica, lo que significa que República Dominicana está expuesta a terremotos y tsunamis. La historia guarda los registros de varios fenómenos considerables.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, las pérdidas medias anuales por terremotos ascienden a 297 millones de dólares, y eso representa el 0.41% del PIB, cifra muy similar a la estimada para los huracanes. En 1946, República Dominicana sufrió el mayor terremoto jamás registrado en el Caribe, con una magnitud de 8.1 grados. El terremoto generó el único tsunami registrado en el país.

A partir de esa experiencia, “el Ministerio de Hacienda, en su marco fiscal a mediano plazo (2022-2026, estimó que, si el mismo terremoto se hubiera producido en 2016, habría causado pérdidas económicas de más de 7 mil 600 millones de dólares”.

¿A cuánto asciende el patrimonio de bienes inmuebles del Estado dominicano?

El primer censo de Bienes Inmuebles del Estado realizado por la Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección de Catastro arrojó como resultado un total de 46, 737 bienes inmuebles registrados con un valor aproximado de 18.4 billones de pesos, distribuidos entre diversas instituciones públicas, que incluye los gobiernos locales.

Existe otra realidad, el 90% del patrimonio estatal, no solo no están asegurados, sino que carecen de titularidad, por tanto, un alto porcentaje es usufructuado por particulares.

Es decir que, a pesar de las evaluaciones realizadas desde la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para tasar, recuperar y contabilizar esos bienes, hasta el momento no se tienen datos de que se haya avanzado en esa dirección.

El director general de esa entidad, Félix Santana García, aseguró que “la casi totalidad de los terrenos y las edificaciones estatales no están registrados”, por tanto, esas tierras y edificaciones propiedad del Estado deben ser localizadas, verificadas, recuperadas y legalizadas para poder dotarlas de un seguro.

Ante esa realidad, hay un hecho cierto. Si República Dominicana se ve afectada por un terremoto como el ocurrido en Haití en el 2010, probablemente no estaría en condiciones económicas de enfrentar esa catástrofe, y lo más probable es que se tenga que recurrir a grandes préstamos para reconstruir el Estado, tomando como punto de partida que más del 80% de esas obras o estructuras están desprovistas de un seguro que tenga a su cargo la reposición inmediata de las mismas.

La situación es dramática y si bien es cierto que existe ausencia de educación y conocimiento en el país sobre la importancia de asegurar las propiedades, (solo 14 mil viviendas están aseguradas de manera voluntaria por sus propietarios), preocupa que el Estado encabece esa falencia, mientras maneja el presupuesto de todos basado en la inmediatez, producto de la falta de planificación.

República Dominicana es el penúltimo país de Latinoamérica con la más baja tasa de penetración de primas de seguro, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con apenas el 1.21%.

Y efectivamente, las condiciones de debilidad de los terrenos sobre los que están edificadas muchas instituciones gubernamentales y obras de gran magnitud colocan al país dentro de un sistema alarmante de porosidad frente a cualquier embate natural.

Lo peor, los riesgos y situaciones no están contemplados dentro de las necesidades y urgencias de la nación, que la hacen susceptible a estos fenómenos, y no se tiene en cuenta una parte vital. Asegurar contra viento y marea, los edificios nacionales.

Fuente: Panorama