Educación

Más contratos salen a la luz: UAPA había firmado otros dos acuerdos con el Mescyt en gestión ministro Educación

A pesar de que el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, niega que luego de que desempeña esa función pública, su empresa, la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), no ha vuelto a firmar contratos con el Estado, las documentaciones existentes dan cuenta de que el funcionario oculta la verdad.

Además del mencionado contrato por más de 13 millones de pesos que firmó la UAPA con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), para la ejecución de la maestría en Gestión de Centros Educativos, dirigida a la capacitación de 50 técnicos, directores y coordinadores, existen otros dos contratos rubricados por esta universidad y el Estado dominicano durante el ejercicio de su función pública.

Uno firmado entre la UAPA y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el 26 de diciembre de 2022, entre el ministro Franklin García Fermín y la rectora de la referida universidad, Mirian De Jesús Acosta Peralta, cuatro meses después de que Hernández fuera nombrado en el Ministerio de Educación para otorgar una beca a nivel de postgrado por un valor de 166, 500 pesos.

El segundo, también firmado con el Mescyt, esta vez el 4 de enero de 2023, destaca que la UAPA para el alquiler de recibiría 70, 800 pesos mensuales por el alquiler de un centro con seis aulas, un laboratorio de informática y un área de oficina. Acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

“En el mismo mes que yo iba a venir al Ministerio, yo tenía contratos ya acordados con el Ministerio por casi 50 millones de pesos, que no lo he vuelto a ver más nunca, en ningún lado, entonces en lugar de ganar estoy perdiendo”, dijo el ministro en un encuentro con periodistas.

Expertos cuestionan contratos

“No hay excusa y entendemos que la Dirección de Compras y Contrataciones tiene la potestad de anular esta contratación por haber sido hecha fuera del marco de la Ley 340”, manifestó Joseph Abreu, miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana.

En ese sentido, aclaró que se debe proceder con la anulación del contrato, independientemente de que al momento de la firma las instituciones hayan indicado que él no era ministro.

“Al momento de la firma del contrato que es lo que le da calidad, ya él era ministro del Estado, la institución tenía la oportunidad de anular ese contrato vía ese conflicto de intereses”, agregó.

Asimismo, el abogado y experto en compras y contrataciones públicas, Francisco Álvarez, advirtió que “poco importa si las negociaciones que dieron al traste con ese negocio jurídico fueron previas, pudieron durar diez años conversando sobre el tema, incluso antes del ministro tener idea de que iba a ser ministro”.

Refirió que, si la persona involucrada en la institución tiene una vinculación con el actual ministro al momento de la firma, no podía suceder ese negocio jurídico.

“Si en esa personalidad jurídica hay directores, consejo de directores o directivos vinculados al ministro evidentemente esa incapacidad material de transaccional con el Estado y con esa institución, se activa, entra en vigencia”, añade el jurista.

Ministro de Educación no admite error

De acuerdo con Hernández, ha sido un celoso defensor del dinero que la sociedad y el Estado invierte para mejorar la calidad de la educación, y es justamente eso lo que ha provocado rencores y ataques de algunos sectores; que se evidencian en la campaña de descrédito en su nombre.

“Desde que fui designado ministro de Educación, en agosto del pasado año, delegué en otros directivos la administración de la UAPA, y cualquier otra de mis transacciones privadas”, aseguró quien fuera rector de la UAPA y asesor del Estado en materia de educación hasta el momento de asumir como ministro y cuando firmó el referido contrato.

En un comunicado que colgó en las redes, el funcionario obvia además lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones y se justifica diciendo que las atribuciones que hizo refieren que los ataques en base al convenio, que otorga 13 millones de pesos a la universidad para una maestría de dos años en gestión de centro para 50 técnicos y directores, tienen que ver con la oposición que hacen algunos a los cambios y reformas introducidos por el actual gobierno.

A esto, especificó que son de parte de personas que quieren debilitar su figura como ministro y, así, poner en riesgo la reelección del presidente Luis Abinader, cosa que “no les será posible”.

En su comunicado, precisó que, de 52 convenios firmados entre la UAPA e Inafocam, “solo menos de 10 se han firmado en el presente gobierno y ninguno inició antes del 8 de agosto del 2022, cuando asumió su cargo el en ministerio”.

Parece olvidar que el convenio en discusión fue aprobado para febrero del año 2022, cuando ya era asesor del Estado.

Fuente: Panorama

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