Presuntos estafados: uno vendió un solar por RD$2 millones para invertir y otra entregó RD$4 millones
Denunciaron que el proceso lleva dos años en los tribunales y aún no inicia el juicio de fondo
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RESUMEN
SANTO DOMINGO.- Con la promesa de obtener una ganancia de un 10 %, Kelvin Martínez fue convencido para vender por RD$2 millones un solar que tenía destinado a la construcción de su vivienda. El dinero terminó en manos de la presunta red de criptomonedas Investor Winner, liderada, según la acusación del Ministerio Público, por Rafael Martínez Batista.
“Lo invertí ahí buscando la manera de tener otros ingresos”, explicó Martínez al narrar cómo terminó involucrado en el esquema que, de acuerdo con las investigaciones, captó miles de millones de pesos y millones de dólares de cientos de personas.
Su caso no es aislado. Mery Apolinar, quien también depositó su confianza en Investor Winner, entregó RD$4 millones con la expectativa de obtener ganancias mediante las supuestas inversiones que promovía la organización.
“Aquí muchas personas estamos presas financieramente, pagando préstamos altísimos, y otros están hasta sin trabajo. Es un verdadero abuso”, criticó Apolinar.
Los presuntos afectados hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso avance, debido a que, según afirman, llevan alrededor de dos años enfrentando las consecuencias económicas del caso, mientras el juicio de fondo contra los alegados integrantes de la estructura todavía no inicia.
Más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones movilizados
De acuerdo con la acusación presentada, la estructura criminal habría movilizado, mediante un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.
El órgano acusador estableció que entre 2020 y 2024 la organización operó un esquema piramidal fraudulento denominado Investor Winner, mediante el cual captaba y movilizaba dinero de manera presuntamente fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 % bajo el alegato de que se trataba de inversiones bursátiles legítimas.
En octubre de 2025, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra los principales acusados, al considerar suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la acusación.
Entre los enviados a juicio figuran los presuntos además del presunto cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron enviados a juicio O’Neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Empresas utilizadas
Según la acusación, para desarrollar las operaciones fueron utilizadas diversas sociedades y entidades, entre ellas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
También aparecen Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero Jiménez, dictó el auto de apertura a juicio y fijó para el 14 de noviembre de 2025 la lectura íntegra de la decisión.
Para sustentar la acusación, los fiscales presentaron más de 650 elementos de prueba, entre ellos 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 materiales.
Así operaba la estructura, según el Ministerio Público
De acuerdo con la investigación, los acusados captaban dinero de personas en distintas provincias del país, muchas de las cuales habrían hipotecado propiedades, vendido bienes o comprometido sus ahorros personales para entregar los fondos.
Los promotores reclutaban inversionistas y les hacían creer que participarían en operaciones legítimas y rentables. Para ello, utilizaban empresas que, según el Ministerio Público, captaban valores del público sin contar con los permisos o registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores.
La investigación concluyó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales y que, en realidad, se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros participantes eran financiados con el dinero aportado por nuevos inversionistas.
Los principales acusados, Rafael Martínez Batista y Eridania García Veloz de Martínez, junto con los demás imputados, habrían captado a las víctimas mediante Investor Winner IW S.R.L. y otras sociedades y cooperativas que, según la acusación, formaban parte del entramado utilizado para captar los fondos.
El Ministerio Público sostuvo, además, que la organización utilizó Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar las supuestas oportunidades de inversión, además de falsificar estados financieros y constituir empresas de fachada para atraer a cientos de personas.
Tras el colapso del esquema, los imputados habrían cedido acciones de las empresas y abandonado sus domicilios habituales. Algunos se habrían trasladado desde Higüey hacia Dajabón o Azua, mientras otros habrían salido del país, según la investigación.
Acusación por múltiples delitos
El tribunal acogió una calificación jurídica que incluye la presunta violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por estafa a través de medios de alta tecnología.
También se les atribuyen los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, relacionados con asociación de malhechores y estafa; disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, por intermediación financiera sin autorización; y varios artículos de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, relacionados con la captación de fondos para supuestas operaciones en el mercado sin autorización.
La acusación incluye, además, la presunta violación del artículo 69 de la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana, así como disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Mientras los acusados esperan el desarrollo del proceso judicial, las víctimas reclaman que se fije y dé inicio al juicio de fondo, al considerar que el tiempo transcurrido ha agravado su situación económica y financiera.
Fuente: el Nuevo Diario
