RD$151.2 millones en gomitas: la licitación de INABIE que reabre la crisis de confianza

Por El Veedor Digital

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) tiene en curso la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2026-0002 para la adquisición de 8,400,000 gomitas multivitamínicas, con un monto estimado de RD$151.2 millones y un precio de referencia de RD$18 por unidad, según consta en el expediente del proceso publicado en el sistema de contrataciones públicas.

Sobre el papel, INABIE presenta la medida como una intervención de salud escolar. Explica que el piloto se aplicaría en seis regionales educativas, con una gomita tres veces por semana durante el año escolar, y que la iniciativa busca cerrar brechas de micronutrientes identificadas en la población estudiantil. Además, convocó a la industria farmacéutica nacional, especialistas en nutrición y actores del sector salud a presentar observaciones técnicas para fortalecer el diseño del proyecto. Esa es la versión oficial y debe consignarse porque forma parte del expediente público de defensa institucional.

Pero la controversia no nace del aire. Nace del historial. En julio de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude informaron que detectaron violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del INABIE correspondientes a 2024, identificaron indicios relevantes de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes, y remitieron el expediente a la Procuraduría General de la República. Entre los hallazgos oficiales figuraron flexibilización indebida de criterios de evaluación, omisión de firmas y documentos obligatorios, y medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.

La situación institucional se agravó en febrero de 2026, cuando ProCompetencia informó la apertura de una investigación de oficio por indicios razonables de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en una licitación del INABIE del año 2023. Aunque se trata de otro proceso y otro período, el mensaje institucional es demoledor: el sistema de compras de la entidad sigue bajo una lupa severa y con antecedentes recientes que erosionan la confianza pública.

Aquí aparece un dato que no puede maquillarse. Esta licitación de las gomitas corre bajo la gestión del actual director ejecutivo del INABIE, Rafael Adolfo Pérez de León, juramentado el 18 de agosto de 2025 en cumplimiento del Decreto 461-25. Eso obliga a hacer una distinción jurídicamente correcta: los cuestionamientos anteriores son antecedentes institucionales del INABIE, pero la responsabilidad administrativa, política y ética por este proceso actual recae en la gestión vigente. No corresponde imputarle al director hechos pretéritos sin prueba; sí corresponde exigirle que esta licitación no repita ni la opacidad ni la debilidad de controles que ya comprometieron a la institución.

El problema para la dirección actual es que el propio INABIE ha prometido más transparencia. El 10 de febrero, la institución informó que puso en funcionamiento un sistema digital de apoyo a peritos con registro audiovisual y geolocalización para fortalecer la trazabilidad y los mecanismos de control en la selección de proveedores. Y desde finales de enero está en vigor la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que endurece el régimen de consecuencias, refuerza estándares de ejecución y vuelve obligatorio el uso del sistema electrónico. Dicho de otro modo: el discurso de integridad ya fue pronunciado; ahora toca probarlo.

Por eso la discusión de fondo no es si una gomita puede ser útil o no. La discusión real es si una institución que llega con semejante carga de antecedentes puede pretender que una contratación de RD$151.2 millones sea tratada como una rutina administrativa. Las preguntas esenciales siguen en pie: ¿cuál es la motivación técnica completa del gasto?, ¿qué estudio comparativo de mercado sostiene el monto estimado?, ¿qué blindajes concretos impedirán discrecionalidad, sesgo o favoritismo en la evaluación?, ¿y por qué la ciudadanía debería otorgar confianza automática a un organismo que todavía arrastra un expediente reputacional tan delicado?

En ese contexto, Veedor Digital, junto a la Fundación Justicia y Transparencia, plantea que esta licitación debe ser sometida a una supervisión especial, con publicación íntegra del expediente técnico, de los estudios de necesidad, de los soportes nutricionales y sanitarios, de la matriz de evaluación y de todo documento que permita verificar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad del proceso. Ambas entidades sostienen que el Estado no puede escudarse en formalidades burocráticas cuando administra recursos públicos en una institución ya golpeada por hallazgos oficiales, y que la única respuesta aceptable es la apertura total del procedimiento a la veeduría independiente y al escrutinio ciudadano.

Ese es el punto neurálgico de esta historia. La licitación de las gomitas no se discute solamente por su monto, sino por lo que simboliza. Simboliza una prueba de credibilidad para una gestión que llegó prometiendo institucionalidad en una entidad bajo cuestionamiento. Si Adolfo Pérez quiere demostrar que su administración no es una simple continuidad del deterioro previo, esta es la ocasión para hacerlo: transparencia radical, motivación técnica visible, trazabilidad completa y tolerancia cero frente a cualquier sombra de privilegio o conflicto de interés. En contratación pública, la confianza no se hereda. Se construye. Y en el caso del INABIE, esa construcción sigue pendiente.