Tres licencias, una verdad a medias: cuando el silencio oficial erosiona la confianza

Por:  Giovanni Matos                                                                                                                                                  Director del El Veedor Digital

La visita del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana a Santiago de los Caballeros no debía dejar dudas. Era la oportunidad perfecta para hablar con claridad sobre las exploraciones en la Cordillera Septentrional, una zona de alto valor ecológico y estratégico para el país. Sin embargo, lo que debía ser un ejercicio de transparencia terminó levantando más preguntas que respuestas.
Se habló de una licencia de exploración.

Pero no fue una.
Fueron tres.

La diferencia no es menor. No es un tecnicismo. No es un detalle administrativo. Es información pública que cambia por completo la dimensión del tema. Y cuando esa información no se dice —o se dice a medias— lo que queda no es un vacío: es desconfianza.

Porque en materia minera, cada licencia cuenta. Cada permiso abre una puerta. Y cada puerta puede convertirse en un proyecto con impacto ambiental, social y económico. Ocultar —o dosificar— esos datos no solo es cuestionable, es peligroso para la credibilidad institucional.

La pregunta es inevitable:
¿por qué no se dijo todo?

En un país donde la minería ha generado debates intensos, tensiones comunitarias y preocupaciones legítimas sobre el agua, los ecosistemas y la salud, la transparencia no es opcional. Es una obligación.

No se trata de estar a favor o en contra de la exploración. Se trata de algo más básico: el derecho de la gente a saber qué se está haciendo en su territorio.
Cuando el Estado administra información como si fuera un privilegio y no un deber, rompe el vínculo más importante con la ciudadanía: la confianza. Y una vez que esa confianza se quiebra, no se reconstruye con ruedas de prensa ni discursos técnicos.
Se reconstruye con verdad. Completa. Sin omisiones.
El problema aquí no es solo cuántas licencias se otorgaron.

El problema es la señal que se envía.

Si hoy se minimiza un dato verificable, ¿qué más se está manejando con el mismo nivel de discreción? ¿Qué otras decisiones, acuerdos o procesos no están siendo comunicados con la transparencia que exige la ley y la ética pública?

La Cordillera Septentrional no es un terreno cualquiera. Es una zona vital para el equilibrio ambiental del norte del país. Y cualquier intervención allí, por mínima que sea, debe ser informada con rigor, responsabilidad y respeto a las comunidades.

La opacidad —aunque sea parcial— no solo alimenta la sospecha. También enciende la chispa del conflicto social.

El gobierno aún está a tiempo de corregir.
De explicar.
De transparentar.

Pero debe entender algo esencial: en temas como este, la verdad a medias no es una opción.

Es, en sí misma, una forma de ocultamiento.