Estado laico y autoridad desbordada: el debate que dejó la Semana Santa

Por: Giovanni Mattos

Cada año, la Semana Santa en la República Dominicana suele venir acompañada de operativos estatales destinados según las autoridades a preservar el orden público, prevenir accidentes y evitar excesos. Sin embargo, lo ocurrido particularmente durante el Viernes Santo y el Sábado Santo de este año ha abierto un debate serio sobre los límites del poder estatal, el respeto a las libertades individuales y la naturaleza laica del Estado dominicano.

Las acciones desplegadas por el gobierno encabezado por Luis Abinader, junto con operativos ejecutados por la Policía Nacional de la República Dominicana, han sido criticadas por ciudadanos, juristas y observadores sociales que consideran que, bajo el pretexto de la tradición religiosa, se incurrió en prácticas que chocan frontalmente con la Constitución de la República Dominicana.

Un Estado laico que actúa como confesional:

La Constitución dominicana establece con claridad que el país es un Estado laico, lo que implica que el poder público no puede imponer comportamientos basados en doctrinas religiosas particulares. En un Estado de derecho, las creencias individuales deben respetarse, pero no pueden convertirse en normas obligatorias para toda la ciudadanía.

Sin embargo, durante el Viernes Santo se observaron actuaciones que parecían inspiradas más en códigos religiosos tradicionales que en disposiciones legales vigentes. Ciudadanos denunciaron que agentes policiales entraron a propiedades privadas alegando que algunas personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en sus propios espacios, una conducta que, en sí misma, no constituye delito.

Este tipo de acciones plantea una pregunta fundamental: ¿desde cuándo beber un trago dentro de una propiedad privada constituye una violación legal en la República Dominicana?

La inviolabilidad del domicilio:

La Constitución dominicana establece de forma expresa el principio de inviolabilidad del domicilio, que sólo puede ser vulnerado mediante orden judicial o en circunstancias muy específicas previstas por la ley.

La entrada de agentes policiales a residencias privadas sin orden judicial bajo el argumento de controlar el consumo de alcohol durante un día religioso no sólo despierta inquietudes jurídicas, sino que además representa un precedente preocupante. Si el Estado puede irrumpir en un espacio privado por razones morales o religiosas, el principio de libertad individual queda peligrosamente debilitado.

El Malecón y el control del espacio público:

Otro escenario polémico fue el Malecón de Santo Domingo, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

Durante los operativos del Viernes y Sábado Santo, numerosos ciudadanos denunciaron que agentes de la policía impidieron el consumo de bebidas alcohólicas incluso cuando las personas se encontraban simplemente compartiendo de manera tranquila. La medida, aplicada de forma generalizada, generó tensiones entre ciudadanos y autoridades.

La pregunta jurídica vuelve a surgir: ¿bajo qué base legal se prohíbe a un ciudadano consumir una bebida en un espacio público si no existe una ley específica que lo prohíba en ese contexto?

Colmados cerrados y economía informal golpeada:

Quizá uno de los aspectos más criticados fue el cierre de colmados que, según denuncias de comerciantes, no estaban vendiendo alcohol, sino alimentos básicos de consumo diario: arroz, habichuelas, carnes y otros productos esenciales.

En barrios populares, los colmados no son simplemente establecimientos comerciales; constituyen una pieza clave de la economía de subsistencia. Muchos ciudadanos dependen de ellos para comprar alimentos en pequeñas cantidades diariamente.

Cerrar estos establecimientos bajo un operativo de Semana Santa no sólo afecta la economía de pequeños comerciantes, sino también el acceso de miles de familias a alimentos básicos.

Tradición religiosa versus derechos ciudadanos:

La Semana Santa es una tradición profundamente arraigada en la cultura dominicana, influenciada por siglos de historia y por la presencia del cristianismo en la vida social del país. Sin embargo, tradición no puede convertirse en instrumento de coerción estatal.

El respeto a la fe de una parte de la población no debe implicar la restricción de las libertades de quienes viven la fecha de manera distinta. En un Estado democrático y laico, el papel del gobierno no es imponer prácticas morales religiosas, sino garantizar seguridad, orden y respeto a los derechos fundamentales.

Un precedente peligroso:

El problema de fondo no es la Semana Santa ni la tradición cultural dominicana. El problema es cuando las autoridades confunden moral religiosa con legalidad estatal.

Cuando agentes del Estado pueden entrar a propiedades privadas, cerrar comercios o restringir conductas que no constituyen delitos, el país se aproxima peligrosamente a una lógica donde la discrecionalidad sustituye al Estado de derecho.

La República Dominicana no es ni constitucional ni legalmente un Estado confesional. Es un Estado laico, con una Constitución que protege libertades individuales, propiedad privada y seguridad jurídica.

Si esos principios se relativizan en nombre de la tradición o del orden moral, el riesgo no es sólo un operativo policial excesivo en Semana Santa. El riesgo es algo más profundo: normalizar que el poder público pueda actuar por encima de la ley.