Santo Domingo, República Dominicana.— El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) reclamó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) garantizar una participación efectiva de las mujeres y de los abogados de ejercicio independiente en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que expresó su respaldo a la construcción de un consenso político que permita concluir el proceso con responsabilidad institucional.

El planteamiento del gremio sitúa en el centro del debate la necesidad de que la selección de los integrantes del alto tribunal combine la búsqueda de acuerdos con una representación plural de la comunidad jurídica. Desde esa perspectiva, la participación de las mujeres y de los profesionales que ejercen de manera independiente debe recibir una consideración sustancial durante la evaluación y la decisión final.

La posición del CARD reúne dos demandas complementarias: avanzar hacia la culminación del proceso y asegurar que ese resultado contribuya a fortalecer la confianza en la justicia. El consenso político, conforme al sentido de su pronunciamiento, debe facilitar una decisión institucional respaldada por la capacidad, la trayectoria y la independencia de las personas seleccionadas.

Participación efectiva de las mujeres

El reclamo de participación femenina apunta a que la preparación y la experiencia de las juristas tengan una expresión efectiva en la integración de la Suprema Corte de Justicia. La presencia de mujeres en las altas responsabilidades judiciales constituye un componente relevante de una justicia abierta al talento y a la diversidad de experiencias de la sociedad dominicana.

La demanda también invita a valorar el recorrido profesional de las mujeres en los distintos ámbitos del derecho, desde la judicatura y el ejercicio privado hasta la docencia y la investigación jurídica. Se trata de reconocer esa contribución mediante oportunidades reales de acceso a los espacios donde se adoptan decisiones de especial trascendencia para el país.

Una selección sustentada en el mérito debe permitir que las candidaturas femeninas sean consideradas con la profundidad y el rigor que corresponde a sus credenciales. El desafío institucional consiste en traducir el reconocimiento de sus capacidades en una participación efectiva dentro del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.

Espacio para la abogacía independiente

En cuanto a los abogados de ejercicio independiente, la exigencia del CARD pone de relieve el valor de la experiencia adquirida en el contacto cotidiano con los tribunales y con las necesidades de quienes acuden a ellos.

El ejercicio profesional permite conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los ciudadanos para obtener respuestas oportunas, los efectos de las decisiones judiciales y los obstáculos que pueden surgir durante la tramitación de los procesos. Esa experiencia representa un aporte que merece ser examinado con seriedad al evaluar a quienes aspiran a integrar la Suprema Corte de Justicia.

La apertura a este sector de la abogacía puede enriquecer la deliberación judicial con perspectivas construidas desde la práctica del derecho, la defensa de intereses diversos y la aplicación cotidiana de las normas. Su valoración debe estar acompañada del mismo escrutinio sobre competencia, integridad e independencia que exige una responsabilidad de esta naturaleza.

El planteamiento gremial demanda, por tanto, que la trayectoria de los profesionales independientes tenga un espacio efectivo en el proceso de selección y que sus méritos sean ponderados de manera objetiva.

Consenso para concluir el proceso

De igual forma, el CARD respaldó el consenso político para concluir la elección, en una señal favorable al diálogo y al entendimiento entre quienes tienen la responsabilidad de adoptar la decisión.

La búsqueda de acuerdos adquiere especial relevancia en un proceso cuyo resultado incide en el funcionamiento de la justicia y en la confianza ciudadana. Un entendimiento sólido debe ofrecer una respuesta institucional que permita culminar la selección y sostener públicamente la idoneidad de quienes resulten elegidos.

El respaldo al consenso convive con la exigencia de preservar la calidad de la decisión. La participación de mujeres y abogados independientes forma parte de ese reclamo de apertura, al igual que la consideración del mérito profesional y de las condiciones necesarias para ejercer la función judicial con autonomía.

La legitimidad del resultado dependerá, en buena medida, de que la ciudadanía pueda reconocer en las designaciones una decisión fundada en capacidades y trayectorias. Por ello, el diálogo político debe contribuir a una integración capaz de responder a la importancia de las funciones que desempeña la Suprema Corte de Justicia.

Una decisión de trascendencia nacional

La selección de los jueces del alto tribunal trasciende el interés de los aspirantes y de los sectores vinculados al sistema judicial. Sus efectos alcanzan a las personas, las familias y las actividades económicas que necesitan decisiones confiables, criterios jurídicos consistentes y una administración de justicia con autoridad institucional.

En ese contexto, la demanda del CARD vincula la composición de la Suprema Corte de Justicia con una aspiración más amplia: contar con una justicia que reúna excelencia profesional, pluralidad e independencia, y que fortalezca su cercanía con las necesidades de la sociedad.

El gremio colocó así ante el Consejo Nacional de la Magistratura una posición definida: garantizar la participación de las mujeres y de los abogados independientes, al tiempo que se impulsa el consenso político necesario para concluir el proceso. El reto consiste en que ambos propósitos se expresen en una selección que contribuya al fortalecimiento de la justicia dominicana.