La Corte Penal Internacional: una aberración que debe ser disuelta

Por: Porfirio López Nieto

Me alegra profundamente que Estados Unidos esté confrontando de manera firme a la Corte Penal Internacional (CPI). Esta institución pretende ejercer poder judicial extraterritorial sobre Estados soberanos que no han ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China e Israel.

Sus pretensiones de investigar a personal militar estadounidense constituyen un desafío intolerable a la soberanía de las naciones no partes. Igualmente grave resulta su orden de detención contra el presidente Vladimir Putin y las actuaciones contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte.

Estos casos revelan una aplicación selectiva del derecho, lejos de la justicia universal que proclama.

El escándalo sexual que involucra al fiscal de la CPI, Karim Khan, destituido por conducta inapropiada con una subordinada, confirma graves fallas de control interno. Un organismo que no garantiza estándares éticos mínimos en su propia cúpula pierde autoridad moral.

En el caso de la República Dominicana, es preciso señalar que nuestro país ratificó el Estatuto de Roma: firmó el 8 de septiembre de 2000 y depositó el instrumento de ratificación el 12 de mayo de 2005, entrando en vigor el 1 de agosto de ese año. Desde entonces RD es Estado Parte de la CPI. Una soberbia estupidez.

Hoy, cuando Estados Unidos confronta esta aberración, la República Dominicana no puede seguir siendo cómplice. Debe denunciar de inmediato el Estatuto de Roma, abandonar la CPI y recuperar la plenitud de su soberanía judicial.

En mi opinión, el haber ratificado a la CPI constituye un hecho vergonzoso propio de lacayos globalistas mal intencionados. Entregar parte de la soberanía judicial a un organismo no electo fue una renuncia inaceptable.

Un pueblo digno no se somete a un tribunal selectivo, tendencioso y moralmente degradado. Ha llegado la hora de defender la independencia nacional.