InSight Crime, la fuente de referencia regional en el estudio del crimen organizado, acaba de lanzar su serie “Summer InSights 2026”, dedicada a radiografiar a los perfiles narcotraficantes, combatientes y líderes de pandillas que están redefiniendo el mapa criminal de las Américas. La serie parte de una premisa incómoda pero necesaria: el crimen organizado no es un fenómeno estático, sino un organismo que muta según la presión estatal, la tecnología disponible y los vacíos institucionales de cada país. Vale la pena leer esa fotografía regional en clave dominicana.
Cuatro dinámicas que marcan la región
Primero, el llamado “efecto Bukele” continúa expandiéndose más allá de El Salvador, donde la tasa de homicidios cayó de niveles cercanos a 83 por cada 100,000 habitantes en 2016 a menos de 2 en 2024. Varios gobiernos de la región observan ese modelo de mano dura con una mezcla de fascinación y cautela, sabiendo que sus resultados en seguridad conviven con serios cuestionamientos sobre debido proceso y derechos humanos.
Panorama Opinión. InSight Crime, la fuente de referencia regional en el estudio del crimen organizado, acaba de lanzar su serie “Summer InSights 2026”, dedicada a radiografiar a los perfiles narcotraficantes, combatientes y líderes de pandillas que están redefiniendo el mapa criminal de las Américas. La serie parte de una premisa incómoda pero necesaria: el crimen organizado no es un fenómeno estático, sino un organismo que muta según la presión estatal, la tecnología disponible y los vacíos institucionales de cada país. Vale la pena leer esa fotografía regional en clave dominicana.
Cuatro dinámicas que marcan la región
Primero, el llamado “efecto Bukele” continúa expandiéndose más allá de El Salvador, donde la tasa de homicidios cayó de niveles cercanos a 83 por cada 100,000 habitantes en 2016 a menos de 2 en 2024. Varios gobiernos de la región observan ese modelo de mano dura con una mezcla de fascinación y cautela, sabiendo que sus resultados en seguridad conviven con serios cuestionamientos sobre debido proceso y derechos humanos.
Segundo, la renovada “guerra contra las drogas” impulsada desde Washington ha llevado operativos unilaterales de seguridad tanto dentro como fuera de Estados Unidos, con efectos directos sobre las rutas de tráfico que atraviesan el Caribe.
Tercero, la crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro ha abierto una disputa de poder cuyas ondas expansivas migración, redes criminales transnacionales, vacíos de control territorial ya se sienten en toda la cuenca del Caribe, incluida República Dominicana.
Cuarto, y quizás el más silencioso, la incorporación de inteligencia artificial al crimen organizado: desde la clonación de voz para extorsiones hasta el uso de rostros sintéticos para vulnerar sistemas biométricos bancarios, carteles como el Sinaloa o el Primer Comando Capital de Brasil ya operan con capacidades tecnológicas que hace pocos años parecían ciencia ficción.
El contraste dominicano
Frente a este panorama, República Dominicana ocupa una posición particular en el Caribe: no enfrenta la violencia estructural de pandillas centroamericanas ni los niveles de homicidio de países como Ecuador que escaló de una tasa de 5 a más de 40 por 100,000 habitantes entre 2015 y 2023, pero sí concentra desafíos propios que merecen la misma seriedad analítica. El sistema penitenciario sigue mostrando tensiones entre el modelo de rehabilitación (CCR) y los pabellones tradicionales; la extorsión y el lavado de activos ligados al tráfico regional encuentran en el país un punto de tránsito atractivo por su posición geográfica; y la desconfianza ciudadana hacia la Policía Nacional alimentada por casos recientes de uso excesivo de la fuerza es hoy uno de los principales obstáculos para cualquier estrategia de seguridad sostenible.
Ese diagnóstico no es ajeno al Gobierno. La propia ministra de Interior y Policía ha reconocido públicamente que la desconfianza ciudadana forma parte del problema estructural que sustenta el proceso de reforma policial, y ha insistido en que buena parte de los homicidios que registra el país más de tres cuartas partes en lo que va de julio responden a conflictividad social y no a crimen organizado en sentido estricto. Esto distingue a República Dominicana de vecinos donde el homicidio está mayormente asociado a estructuras criminales consolidadas, y abre una ventana de oportunidad: la prevención social y comunitaria puede tener aquí un impacto proporcionalmente mayor que en contextos de control territorial por parte de carteles.
El camino que se está construyendo
En ese sentido, vale destacar que vamos avanzando con la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, la instancia que reúne cada lunes al presidente de la República con los altos mandos de la Policía Nacional en el Palacio Policial. Que el propio Jefe de Estado invierta horas semanales en el seguimiento directo de los indicadores de seguridad, confrontando resultados con el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia, es una señal de continuidad institucional poco común en la región y que, bien sostenida en el tiempo, puede convertirse en el diferencial dominicano frente al deterioro que documenta InSight Crime en buena parte del continente.
