INABIE compromete miles de millones de pesos hasta el 2028, sin aprobación presupuestaria en violación a la constitución

Investigación de El Veedor Digital

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha activado una estructura nacional de licitaciones que compromete miles de millones de pesos para los períodos escolares 2026-2028.

Lo preocupante no es el programa de alimentación escolar. Lo preocupante es el diseño financiero.

Provincia por provincia, los expedientes oficiales muestran contratos que abarcan dos años escolares completos, comprometiendo recursos públicos que aún no han sido presupuestados por el Congreso Nacional para el segundo período.

Entre los montos identificados se encuentran: La Vega: RD$ 3,007,862,229.84- Duarte: RD$ 1,813,808,895.704- Puerto Plata: RD$ 1,822,480,554.752- Montecristi: RD$ 929,029,737.896.

El problema central no es el almuerzo escolar. Es el compromiso financiero futuro. Los contratos incluyen el período 2027-2028. Ese período aún no ha ocurrido. No existe matrícula cerrada. No existe presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal. Sin embargo, el dinero ya está comprometido.

En República Dominicana el presupuesto es anual. El Congreso aprueba el gasto cada año. No se pueden comprometer recursos futuros sin programación formal y respaldo legislativo. Aun cuando la Ley de contrataciones publicas permite contratos plurianuales, exige planificación técnica, disponibilidad presupuestaria certificada y transparencia en el cálculo, no obstante, fuera de la aprobación presupuestaria previa, devendría cualquier compromiso de naturaleza económica, como el ocurrente, en una violación a la constitución de la República.

Aquí surge la pregunta fundamental: ¿Dónde está la proyección demográfica oficial que sustenta el segundo año del contrato? Si la matrícula disminuye, el Estado podría estar comprometiendo más dinero del necesario. Si aumenta, se abrirían adendas y modificaciones contractuales. En ambos escenarios, el riesgo lo asume el pueblo dominicano.

Estamos hablando de miles de millones de pesos en uno de los programas sociales más costosos del país. Cuando se manejan cifras de esta magnitud, la transparencia no es opcional: es constitucional.

Riesgos identificados:

1. Posible sobredimensionamiento financiero. 2. Discrecionalidad futura mediante adendas. 3. Compromiso presupuestario anticipado sin evidencia pública de aprobación plurianual. 4. Falta de publicación de estudios técnicos de matrícula proyectada.

El dinero no es del INABIE, es del pueblo dominicano, de ahí que comprometer los recursos del mañana sin explicación pública robusta es un acto de altísimo impacto fiscal y social.

El Veedor Digital, conjuntamente con la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), estará exigiendo en atención a la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, entre otras acciones administrativas y judiciales, lo siguiente:

Publicación íntegra del estudio técnico que sustenta la proyección 2027-2028, Certificación oficial de programación presupuestaria plurianual, Auditoría preventiva de la Cámara de Cuentas, Supervisión técnica de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. En suma, la lucha anticorrupción no consiste en acusar sin pruebas. Consiste en exigir transparencia antes de que el daño ocurra. El país merece respuestas claras.