¿Está de acuerdo con lo expresado por Carlos Pimentel sobre adjudicar obras de hasta RD$53.6 millones sin licitación pública?

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) estableció nuevos umbrales para los procesos de compras y contrataciones del Estado correspondientes al año 2026, una medida que ha abierto el debate público por el alcance de los cambios en las adjudicaciones de obras. La disposición fue oficializada mediante la resolución PNP-03-2026 y entrará en vigor a partir del 1 de abril.

Entre los puntos que más discusión han generado figura el hecho de que las instituciones públicas podrán contratar obras de menor cuantía y reparaciones menores de hasta RD$53,622,276.92 bajo la modalidad de contratación menor, es decir, sin necesidad de acudir a una licitación pública. De acuerdo con la DGCP, la licitación pública seguirá siendo obligatoria para obras a partir de RD$406,713,345.70.

El cambio representa una modificación importante respecto al esquema anterior. Según publicó Diario Libre, hasta 2025 las obras dentro de ese rango se adjudicaban mediante comparación de precios, un procedimiento considerado más competitivo y formal. Con la nueva normativa, esas contrataciones pasan a un régimen más flexible, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el nivel de transparencia y control en el manejo de fondos públicos.

La medida forma parte de la implementación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, sobre la cual Carlos Pimentel, director general de la DGCP, ha señalado que busca fortalecer la eficiencia del sistema, mejorar su funcionamiento e incorporar un régimen de consecuencias más robusto. La institución también ha explicado que los nuevos procedimientos serán aplicados de manera gradual dentro del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

Aunque la resolución establece los nuevos topes conforme al mandato legal vigente, el debate se ha trasladado a la opinión pública, donde diversos sectores cuestionan si permitir adjudicaciones de obras por más de 53 millones de pesos sin licitación pública fortalece la agilidad administrativa o debilita la competencia y la fiscalización. En medio de esa discusión, crece la atención sobre el alcance real de la reforma y sus efectos en la transparencia del gasto estatal.