¿Consideras justo que INABIE gaste RD$60 millones en almuerzos para sus empleados?

Investigación por El Veedor Digital

En un país donde cada semana se denuncian escuelas con filtraciones, hospitales con carencias y familias haciendo malabares para llegar a fin de mes, la asignación de RD$60 millones para almuerzos administrativos inevitablemente sacude la conciencia colectiva. No se trata de satanizar un beneficio laboral, sino de cuestionar la jerarquía de prioridades cuando el dinero público que proviene del esfuerzo ciudadano se destina a gastos que muchos consideran prescindibles frente a necesidades estructurales aún sin resolver. La legalidad puede estar clara; lo que está en debate es la sensibilidad y el criterio político detrás de la decisión.

Mientras miles de familias dominicanas enfrentan el aumento del costo de la vida, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha iniciado un proceso de licitación por un valor total de RD$60,000,000.00 para la contratación del servicio de almuerzo destinado exclusivamente a sus colaboradores durante un año.

El procedimiento oficial (INABIE-CCC-LPN-2025-0085) establece claramente que el presupuesto total asignado asciende a RD$60,000,000.00, lo que equivale a cinco millones de pesos mensuales en almuerzos institucionales.

Si se divide esta cifra entre 12 meses, el resultado es contundente:

• RD$5,000,000 mensuales.
• RD$166,666 diarios aproximadamente.
• Más de RD$7,000 por hora laboral.

La pregunta que surge es inevitable: ¿Es esta una prioridad nacional en medio de presiones económicas, inflación y llamados constantes a la austeridad?

Aunque la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones permite este tipo de procesos, la legalidad no elimina el deber de razonabilidad, eficiencia y uso racional del dinero público, principios consagrados en la Constitución.

En el expediente visible no se observa de manera clara:

• El número exacto de empleados beneficiarios.
• El costo unitario estimado por ración.
• Un estudio comparativo que demuestre ahorro frente a alternativas más austeras.
• Un análisis de impacto presupuestario que justifique la proporcionalidad del gasto.

RD$60 millones podrían destinarse a infraestructura escolar, medicamentos, reparación de planteles educativos o programas sociales focalizados.

Sin embargo, serán utilizados en almuerzos administrativos. Este reportaje no afirma delito. Exige transparencia. Cuando se trata de dinero del pueblo dominicano, cada peso cuenta.

El Veedor Digital solicita públicamente:

1. Publicación del número total de empleados beneficiados.
2. Costo unitario por ración proyectado.
3. Justificación técnica del gasto.
4. Evaluación de alternativas de menor impacto fiscal.
5. Informe de sostenibilidad presupuestaria.

En tiempos donde se pide sacrificio ciudadano, el Estado debe predicar con el ejemplo.