Casi RD$90 millones en comida: el lujo oficial que indigna mientras el país sobrevive

Desde El Veedor Digital

Mientras miles de dominicanos enfrentan apagones, hospitales con limitaciones, escuelas deterioradas, calles destruidas y un costo de vida cada vez más difícil de sostener, desde el Estado siguen apareciendo gastos que retratan una desconexión alarmante con la realidad nacional. Uno de esos casos sale del propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, donde un expediente oficial revela una contratación de casi noventa millones de pesos para almuerzos y cenas de sus colaboradores.

El procedimiento está identificado como MICM-CCC-PEEX-2025-0001 y fue tramitado para la contratación del servicio de almuerzos y cenas del personal del MICM. El expediente refleja un precio estimado inicial de RD$90,000,000 y su estado figura como proceso adjudicado y celebrado. La adjudicación recayó en la empresa Inversiones Siurana, SRL, por un monto total de RD$88,372,040.80. No se trata, por tanto, de una especulación de redes sociales ni de una cifra inflada sin base documental: hay un proceso, una adjudicación y un compromiso económico formal.

Lo verdaderamente escandaloso no es solo el número, sino la prioridad que deja al descubierto. El documento no habla de una obra de emergencia, ni de un programa social, ni de una inversión dirigida a aliviar necesidades urgentes de la población. Habla, literalmente, de comida institucional. En un país donde a la gente se le pide paciencia, sacrificio y comprensión frente a las precariedades cotidianas, resulta ofensivo que casi RD$90 millones puedan destinarse a almuerzos y cenas dentro de una estructura pública.

“En un país con tantas urgencias, casi RD$90 millones en comida institucional no lucen como gestión: lucen como abuso.”

Todavía más delicado es el hecho de que el trámite se realizara bajo un proceso de excepción. Aunque la formalidad administrativa aparezca cubierta con informes y resoluciones, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cómo puede justificarse ética, social y políticamente un gasto de esta magnitud en alimentación interna cuando sobran necesidades urgentes en la República Dominicana? La legalidad de una actuación no la vuelve automáticamente prudente ni moralmente defendible.

El expediente también permite precisar un punto importante. No queda demostrado que el ministerio haya desembolsado RD$81 millones al final de 2025, como se ha dicho en algunas publicaciones. Lo que sí demuestra la documentación es la existencia de un contrato por RD$88,372,040.80, con una programación de pagos distribuida entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026. Esa precisión no reduce la gravedad del caso; al contrario, confirma que se trató de una carga presupuestaria millonaria, extendida en el tiempo, para sostener un gasto interno que difícilmente puede ser visto como prioritario por la ciudadanía.

Este caso obliga a discutir algo más profundo que una simple orden de compra. Obliga a revisar la cultura del gasto público y la facilidad con que ciertas instituciones normalizan privilegios internos mientras afuera el país se deteriora. Cada peso comprometido por el Estado debería responder a criterios de necesidad, racionalidad y sensibilidad social. Cuando esa lógica se rompe, la indignación pública no solo es comprensible: es legítima.

Desde El Veedor Digital, la pregunta sigue en el aire y merece respuesta pública: ¿de verdad estas eran las prioridades del Estado dominicano? Porque cuando un ministerio puede comprometer casi RD$90 millones en almuerzos y cenas para colaboradores, lo que queda expuesto no es solo un expediente administrativo, sino una visión de poder desconectada del sufrimiento diario de la mayoría.