El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS

Desde 2020, al menos RD$9,100 millones han sido adjudicados a Macrotech Farmacéutica, SRL, propiedad de Guillermo Sención, RD$1,125 millones a Hospifar, SRL, cuyo accionista principal es Rafael Tomás Pérez Barroso; y RD$1,500 millones al Consorcio CIMAC, integrado por Macrotech y el Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), cuya propiedad figura en manos de dos sociedades registradas en Panamá —Monolito Health Investments Corp y Pinnacle Assets Holding— representadas por Vielka Edith Rodríguez Samudio de Applewhite.

En los hospitales públicos dominicanos hay un cambio que mueve dinero sin dejar huella clínica clara: las bolsas de nutrición clínica y los kits de insumos para diálisis peritoneal —los cuales se han convertido en protagonistas discretos del gasto sanitario. Detrás de estos suministros late un mercado millonario, alimentado por contratos de exclusividad, escasa competencia y aún menos evidencia pública sobre su impacto real en la salud de quienes supuestamente benefician.

A partir de 2020, la nutrición clínica dejó de ser un renglón marginal para convertirse en una pieza central del presupuesto sanitario. El Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo la dirección del doctor Mario Lama, inició entonces un programa orientado a acelerar la recuperación de pacientes hospitalizados, bajo una premisa clínicamente válida: una mejor nutrición reduce complicaciones y acorta las estancias hospitalarias. En paralelo, la diálisis —vital para pacientes con insuficiencia renal— fue ampliada mediante la modalidad peritoneal domiciliaria, disponible las 24 horas en siete centros del país y diseñada inicialmente para atender a unos 900 pacientes. Entre ambas iniciativas, el Estado comprometió contratos que superan los RD$12,000 millones.

Con ese diseño, el gasto escaló con rapidez. En noviembre de 2020, ya en los primeros meses de la nueva administración del doctor Lama, el Servicio Nacional de Salud (SNS) adjudicó por excepción un contrato de RD$1,416 millones para la diálisis peritoneal domiciliaria. Un mes después, otorgó otro contrato exclusivo por RD$732 millones para suplir nutrición parenteral y enteral a la red hospitalaria. Eran montos sin precedentes, que colocaron de golpe a la nutrición clínica y la diálisis en el centro del nuevo gasto sanitario. La dinámica se repitió en los años siguientes: en 2022 se adjudicaron RD$1,050 millones adicionales en nutrición especializada y RD$2,833 millones para ampliar la diálisis; en 2024, otros RD$750 millones en nutrición y RD$1,500 millones para la continuidad del programa renal, nuevamente bajo esquemas de excepción. En apenas cinco años, ambos renglones pasaron de ocupar un lugar secundario a concentrar miles de millones en compras centralizadas del sistema público de salud.

Al cierre de este reportaje permanece colgado el proceso de excepción SNS-CCC-PEEX-2025-0012, tramitado bajo la figura de exclusividad, mediante el cual el Servicio Nacional de Salud (SNS) proyecta la contratación de servicios de suministro de nutrición oral, parenteral y enteral para los establecimientos de la red pública. El procedimiento fue publicado el 12 de diciembre de 2025 y, de acuerdo con el cronograma oficial, prevé su adjudicación para el 30 de enero de 2026, con firma de contrato pautada para el 20 de febrero de 2026.

De concretarse esta adjudicación en los términos anunciados, el renglón de nutrición clínica, que al cierre suma RD$4,482,000,000.00 en contrataciones durante los últimos años, se elevaría hasta RD$5,562,000,000.00, incorporando RD$1,080 millones adicionales a un gasto que ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidando renglones permanentes del presupuesto del Servicio Nacional de Salud.

Detrás de este súbito auge presupuestario hay un factor común: todos los contratos fueron adjudicados bajo la figura de “exclusividad”, una modalidad de excepción que evita la licitación abierta amparándose en que solo un proveedor puede suministrar cierto bien o servicio. En teoría, esto se usa cuando un producto tiene derechos exclusivos o un único distribuidor autorizado. En la práctica, el Servicio Nacional de Salud, lo ha invocado para contratar paquetes integrales de nutrición clínica y diálisis con proveedores seleccionados.

El caso emblemático es Macrotech Farmacéutica, SRL, que a partir de 2020 pasó a ocupar una posición dominante en los renglones de nutrición clínica y diálisis dentro del sistema público de salud. Entre 2020 y 2024, la empresa concentró adjudicaciones excepcionales del Servicio Nacional de Salud (SNS) por más de RD$9,000 millones, abarcando suministros nutricionales y terapias renales. Sin embargo, la revisión del historial de contrataciones del SNS no muestra procesos significativos en los que Macrotech figure como proveedor recurrente en estos renglones antes de finales de 2020, lo que marca un punto de inflexión coincidente con el inicio de la administración del doctor Mario Lama.

Los contratos adjudicados a Macrotech Farmacéutica, (S.R.L.) llaman la atención no solo por su cuantía, sino por el procedimiento mediante el cual fueron concedidos. En octubre de 2020, el Servicio Nacional de Salud (SNS) lanzó el procedimiento de excepción por exclusividad SNS-CCC-PEEX-2020-0007 para contratar, con carácter de urgencia, el servicio integral de diálisis peritoneal domiciliaria. Tres empresas presentaron ofertas: Macrotech Farmacéutica, S.R.L., Bio-Nuclear,(S.A.), y Fresenius Medical Care Dominicana, (S.R.L.). Las propuestas de Bio-Nuclear y Fresenius resultaron más económicas —RD$1,190 millones y RD$1,129 millones, respectivamente—, pero el SNS adjudicó el contrato a Macrotech por RD$1,416 millones, mediante el Acta Núm. 53-2020.

Bio-Nuclear, S.A. impugnó la decisión, alegando que el proceso había restringido la competencia desde su origen: cuestionó la validez de la exclusividad declarada por el Servicio Nacional de Salud, los plazos reducidos para presentar ofertas, los requisitos técnicos que —según afirmó— limitaban la participación, y la ambigüedad del pliego al alternar entre “menor precio” y “mejor precio” como criterio de adjudicación. También denunció la apertura simultánea de las ofertas técnicas y económicas, en violación del reglamento, y la omisión de las vías legales para impugnar en el acta de adjudicación. Además, sostuvo que la propuesta económica de Macrotech Farmacéutica, S.R.L. excedía la certificación presupuestaria y fue ajustada después para hacer viable su adjudicación.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dirigida por Carlos Pimentel, respondió mediante la Resolución RIC-103-2021, emitida el 17 de mayo de 2021. Tras analizar el expediente completo, el órgano rector confirmó varias inobservancias normativas por parte del Servicio Nacional de Salud: identificó contradicciones en el pliego sobre los criterios de evaluación económica; corroboró que el Comité de Compras abrió simultáneamente las ofertas técnicas y económicas —sin agotar la evaluación previa exigida por el Reglamento de Aplicación Núm. 543-12—; y constató que el acta de adjudicación no incluía los plazos ni las vías de recurso, en incumplimiento de la Ley Núm. 107-13 sobre procedimiento administrativo. Sin embargo, concluyó que ninguna de estas faltas afectó el fondo del proceso: Macrotech Farmacéutica, S.R.L. fue el único oferente técnicamente habilitado y Bio-Nuclear, S.A. pudo ejercer su derecho a impugnar sin limitaciones. La contratación no fue anulada, pero quedó sujeta a observaciones formales y a una exhortación expresa al SNS de corregir los errores detectados y a capacitar a su personal. El contrato siguió su curso, aunque arrastrando una resolución que no lo detuvo, pero sí lo dejó expuesto.

Esta misma situación se repetiría en años siguientes. En la contratación de nutrición de 2022, la empresa Centro de Nutrición Clínica, S.R.L. (CNC) intentó competir y luego apeló las bases al sentirse marginada, señalando que el pliego y el cronograma hacían “imposible una oferta eficiente” para cualquiera más que el proveedor favorecido, como se detalla en la Resolución RIC-202-2022 de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), donde la empresa alegó irregularidades en los requerimientos técnicos y plazos que violaban los principios de competencia, igualdad y transparencia.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) defendió la exclusión del Centro de Nutrición Clínica, (S.R.L.) argumentando que el proceso de contratación requería una empresa con experiencia comprobada en nutrición clínica especializada —oral, enteral y parenteral—, pero, además, con capacidad técnica y operativa para ejecutar servicios hospitalarios a gran escala. Entre los criterios exigidos se incluían: personal clínico capacitado, equipos propios de mezclado y administración, una red logística con cobertura nacional, protocolos de bioseguridad certificados, sistemas de trazabilidad en tiempo real y soporte nutricional continuo a pacientes hospitalizados. Según el SNS, estos requisitos respondían a estándares que garantizaban calidad asistencial, continuidad terapéutica y seguridad clínica, y no podían ser flexibilizados sin comprometer el servicio.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, sin embargo, no se pronunció sobre la validez de esos criterios. Mediante resolución, declaró inadmisible el recurso interpuesto por el Centro de Nutrición Clínica, S.R.L., por no cumplir con las exigencias procesales mínimas, en consecuencia, la DGCP no evaluó el fondo de las alegaciones ni emitió juicio sobre si el proceso favorecía o no a un proveedor. En los hechos, Macrotech Farmacéutica, (S.R.L.) volvió a quedarse con la adjudicación en 2022, consolidando su control en el renglón de nutrición clínica, con Hospifar, (S.R.L.) como actor complementario para una fracción del servicio.

Así, con procesos excepcionales y mínima competencia, Macrotech aseguraba la provisión de mezclas nutricionales personalizadas a decenas de hospitales y de diálisis peritoneal domiciliaria a pacientes renales de todo el país.  Esta práctica, ha configurado un mercado estrecho, donde la mayor parte de los recursos termina concentrada en uno o dos proveedores, con escaso margen para competencia real.

Para comprobar cómo aterriza en la realidad el programa de diálisis peritoneal que el Estado contrata por miles de millones, este medio realizó visitas a distintos centros hospitalarios del Distrito Nacional y del interior del país, simulando el recorrido de cualquier familiar que busca acceso al servicio para un paciente renal.

En el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, una enfermera explicó que el acceso al servicio dependía de un simple referimiento al área de Nefrología, preferiblemente por emergencia si el caso era urgente. No habló de cupos ni de suspensión del programa. Tampoco confirmó que la diálisis peritoneal estuviera operando activamente. La respuesta fue neutra, administrativa, como si el programa existiera en teoría, pero su disponibilidad real dependiera de una evaluación posterior.

En el Hospital Padre Billini, el relato cambió de tono. Una empleada que, según nos indicaron, conoce bien la dinámica interna, derivó la consulta a un médico del área. Su respuesta fue directa: el programa estaba cerrado. Para confirmarlo, llamó por teléfono al psicólogo del programa, quien ratificó la información y añadió un dato clave: solo podían atender la necesidad de diálisis peritoneal a través de una empresa privada.

Ese mismo psicólogo facilitó un contacto específico: del Centro Cimer. Al comunicarnos, se solicitaron analíticas clínicas a nombre del paciente y se nos explicó que el costo del programa dependería del seguro médico, incluyendo SeNaSa. La puerta del hospital público se cerraba, mientras se abría, desde dentro, una vía concreta hacia un prestador privado.

En el Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, la escena fue aún más reveladora. En el área destinada a diálisis peritoneal, varios empleados estaban identificados con el nombre de la empresa contratista, Macrotech. Al preguntar por el acceso al servicio, un joven en recepción afirmó que era completamente gratuito. Durante la espera, una señora relató que su esposo recibía diálisis peritoneal en casa con insumos enviados por el Estado, que ella había recibido diez días de entrenamiento y que contaban con seguimiento constante. Sin embargo, agregó que había escuchado que ya no estaban aceptando nuevos pacientes.

Esa percepción fue confirmada más tarde por la doctora encargada del área: el programa estaba cerrado por decisión del Servicio Nacional de Salud, alegando falta de presupuesto. Frente a un caso presentado como urgente, la doctora indicó que podía “ayudar” a gestionar atención más rápida en el sector privado, aclarando que el paciente tendría que asumir un 20 % del costo del programa si contaba con SeNaSa.

En el Centro Regional Taiwán, en Azua, el doctor a cargo fue igualmente claro: “la diálisis peritoneal no estaba vigente por falta de recursos y por el impacto del escándalo de SeNaSa”. A diferencia de otros centros, no recomendó ningún prestador privado. Sugirió trasladar al paciente al tratamiento de hemodiálisis dentro del sistema público, sin costo, y con gestos discretos dejó entrever que la peritoneal se había convertido, en la práctica, en un negocio.

En el Hospital Regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, la unidad de diálisis peritoneal es amplia, pero desde la entrada se informó que no había cupo. La doctora responsable confirmó que el programa había sido cancelado por falta de recursos y que la hemodiálisis estaba sobrepoblada. No ofreció alternativas. Sin embargo, al salir del área, un médico que había escuchado la conversación se acercó para recomendar un centro privado específico: el de los doctores García. Allí, la gerencia explicó que aceptan SeNaSa y que, mientras el seguro aprueba la terapia, pueden asistir “prestando” el catéter por RD$21,000, presentados como gastos quirúrgicos. Confirmaron además que son socios regionales del Centro Cimer, el mismo nombre referido desde el Padre Billini.

En el Hospital Regional Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, la respuesta fue seca y sin rodeos: el programa de diálisis peritoneal estaba cerrado y no existían alternativas en la región este. Las únicas opciones señaladas estaban en Santo Domingo.

Las visitas dejaron una constante difícil de ignorar: el programa público de diálisis peritoneal está prácticamente cerrado para nuevos ingresos, mientras que desde los propios hospitales se derivan casos hacia una red privada que funciona con el mismo seguro público como base de pago.

La diálisis peritoneal, concebida como una política de acceso universal, aparece en la práctica desplazándose silenciosamente del ámbito público al privado. Mientras el Estado transfiere miles de millones a través de contratos por exclusividad, el servicio de diálisis peritoneal parece haberse retirado de la red pública sin aviso oficial.

Los hospitales no solo confirman el cierre del programa: lo derivan. Y no hacia cualquier lugar, sino hacia prestadores privados vinculados al mismo circuito contractual. El paciente que llega al hospital se encuentra con una puerta cerrada y otra abierta —pero con tarifa. En los hechos, el Estado sigue pagando, pero el acceso ya no es público ni automático. Es un servicio financiado con fondos públicos, pero administrado como si fuera propio.

El volumen de recursos destinados a nutrición clínica y diálisis dentro del Servicio Nacional de Salud (SNS) plantea un desafío central: cómo asegurar que estas inversiones se traduzcan efectivamente en mejores resultados de salud para los pacientes. Más allá del diseño contractual y de los objetivos declarados, no existen hoy herramientas públicas suficientes que permitan evaluar de forma integral el impacto real de estos programas en la atención hospitalaria.

En el caso de la nutrición clínica, no se dispone de informes que detallen, por ejemplo, cuántos pacientes han salido de la desnutrición como resultado de los RD$4,482,000,000.00 invertidos desde 2020, ni cuánto se ha reducido la estancia hospitalaria en las salas que reciben nutrición enteral. Tampoco se conocen evaluaciones sistemáticas sobre el desempeño de los contratistas: cumplimiento de entregas, adecuación de las mezclas a las prescripciones médicas o reducción de complicaciones asociadas a la desnutrición hospitalaria.

En el caso de la diálisis, el problema se manifiesta con mayor claridad en el acceso. Durante las visitas realizadas a distintos hospitales, se constató que el programa de diálisis peritoneal no admite nuevos ingresos. En varios centros, el acceso fue descrito como cerrado o condicionado a evaluaciones posteriores, sin criterios claros sobre cupos disponibles, reaperturas o mecanismos de incorporación.

La falta de reglas explícitas sobre admisión y expansión del programa impide determinar si los contratos vigentes han ampliado efectivamente el acceso, o si la cobertura se ha limitado a sostener una población previamente incorporada.

A pesar de los volúmenes de insumos contratados y del gasto sostenido, no hay forma de verificar públicamente cuántos pacientes reciben efectivamente diálisis peritoneal en sus hogares, con qué frecuencia se administra el tratamiento, en qué condiciones clínicas y bajo qué estándares de cumplimiento respecto a lo contratado. El Servicio Nacional de Salud no publica listados nominales, no informa sobre periodicidad ni evolución de los beneficiarios, y las auditorías disponibles dependen de la misma institución que contrata y ejecuta el servicio.

¿Más inversión, mejores resultados?

El aumento sostenido del gasto en nutrición clínica y diálisis plantea una pregunta inevitable: qué resultados concretos ha generado esta inversión en la atención de los pacientes.

La ausencia de información pública que permita medir resultados clínicos comparables —antes y después de las intervenciones— dificulta saber en qué medida la inversión se ha traducido en menos desnutrición hospitalaria, estancias más cortas, reducción de complicaciones o mayor acceso efectivo a terapias renales. La necesidad de medir impacto se vuelve aún más crítica cuando gran parte de estas contrataciones se canalizan de forma reiterada a través de procesos de excepción, una modalidad concebida como extraordinaria, pero que en la práctica se ha convertido en una vía recurrente para la adquisición de insumos clínicos de alto costo.

A esta dinámica se suma otro elemento que incrementa las alertas: la coexistencia de compras centralizadas millonarias con adquisiciones paralelas realizadas directamente por hospitales, particularmente en el renglón de nutrición. En varios centros, la provisión de suplementos, fórmulas y alimentos terapéuticos no depende exclusivamente de los contratos nacionales, sino que se complementa —o se suple— mediante procesos locales, muchas veces fragmentados. Esta superposición de esquemas plantea interrogantes adicionales sobre la planificación, la eficiencia del gasto y la coherencia del modelo de abastecimiento.

Mientras el sistema público hospitalario arrastra carencias estructurales, priorizar renglones de alto costo no es una decisión neutra. Define qué se atiende y qué se posterga. En ese escenario, el Servicio Nacional de Salud está obligado a demostrar que concentrar miles de millones en programas centralizados no está desplazando la atención hospitalaria básica de la que dependen millones de dominicanos.

Experiencias recientes del sector salud demuestran que invertir más no garantiza, por sí solo, mejores resultados, si el gasto no va acompañado de mecanismos claros de seguimiento, evaluación y corrección. También implica revisar si la recurrencia de los procesos de excepción responde a limitaciones reales del mercado o si, por el contrario, está sustituyendo de forma permanente los mecanismos ordinarios de competencia.

Cuando el Estado compromete RD$13,000 millones en nutrición clínica y diálisis, el debate ya no puede quedarse en la legalidad formal de los contratos ni en la magnitud de las cifras. La pregunta clave es otra: cómo se mide lo recibido frente a lo invertido, y si el modelo actual —marcado por excepciones reiteradas y compras paralelas— está produciendo más salud o simplemente sosteniendo un esquema de gasto cada vez más costoso y difícil de evaluar en términos de resultados.

La historia reciente de SeNaSa obliga a mirar con atención este escenario. Cuando el Estado canaliza miles de millones hacia rubros especiales y altamente sensibles —como la nutrición clínica y la diálisis— bajo esquemas de excepción y con trazabilidad difusa, la experiencia demuestra que el riesgo no está solo en el contrato, sino en la ausencia de verificación oportuna de su impacto real.

Las instituciones de control tienen el compromiso de actuar con la misma urgencia con la que se aprueban estas compras, garantizando que inversiones de esta magnitud lleguen efectivamente a los pacientes que las necesitan. De no hacerlo, el país corre el riesgo de repetir un patrón ya conocido: recursos asegurados, controles tardíos y servicios esenciales financiados por el Estado sin evidencia clara de acceso, continuidad ni resultados eficientes y/o reales.

Fuente: Panorama.