Justicia penal al límite: el deber de cambiar el rumbo

Por: José Antonio Delgado Hidalgo

A propósito de las recientes declaraciones del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando afirma que el sistema ha colapsado y que ya no es posible conocer y decidir en juicio de fondo todos los casos penales que llegan a los tribunales, toca hacer un ejercicio de honestidad. Si el sistema está desbordado, no basta con decirlo. Hay que asumir responsabilidades y, sobre todo, proponer salidas que funcionen en la vida real.

Lo primero es admitirlo sin rodeos. Todos los actores del sistema judicial tenemos una parte en este problema. El proceso penal no puede seguir operando como si el juicio de fondo fuera la estación final inevitable para casi todo, como si no existieran otras vías legítimas de respuesta. Esa idea, sostenida por años, nos ha llevado a un escenario que cualquiera reconoce: víctimas que esperan demasiado, imputados viviendo en incertidumbre, defensas que no obtienen decisiones a tiempo y tribunales con agendas muy apretadas. Y cuando la justicia llega tarde, muchas veces deja de ser justicia.

Desde la abogacía también hay un deber claro. A los abogados en ejercicio nos corresponde orientar con franqueza a nuestros clientes, no solo sobre lo que se puede pedir, sino sobre lo que realmente conviene, cuánto tarda, cuánto cuesta y qué riesgos implica. Y cuando el caso lo permita, sin sacrificar garantías ni derechos, debemos impulsar soluciones tempranas que protejan a nuestro representado de forma más rápida y efectiva. Eso significa evitar pleitos innecesarios, reducir la tentación de convertir el proceso en una batalla de desgaste y poner en el centro lo que importa: reparación, cumplimiento y una salida útil al conflicto.

En la práctica, esa conversación honesta con el cliente no siempre se da. A veces por presión, a veces por costumbre, y a veces porque todavía se ve el acuerdo como una derrota y no como lo que puede ser: una solución digna. También hay que decirlo: hay conflictos que se alimentan con el tiempo, y mientras más se prolongan, más se encarecen, más se endurecen y más difícil se vuelve que alguien quede satisfecho. Por eso, cuando la salida alterna es legalmente posible, no debería ser la excepción, sino una opción real sobre la mesa desde temprano.

Ahora bien, esa autocrítica no puede recaer únicamente en la práctica privada. El Estado tiene un deber ineludible. Si ya sabemos cuál es el diagnóstico, un sistema penal saturado por volumen de casos, limitaciones operativas y tiempos que no dan abasto, la respuesta no puede ser administrar la crisis día a día.

El Estado debe promover de manera activa y sostenida las salidas alternas y los acuerdos permitidos por el ordenamiento, con controles y transparencia, para que el juicio de fondo quede reservado a lo que verdaderamente lo necesita por gravedad, complejidad o interés público.

Y promover no es solo “invitar”. Promover es organizar el sistema para que eso ocurra. Significa criterios uniformes, capacitación constante y seguimiento. Significa lineamientos claros para fiscales, defensores, jueces y personal de apoyo. Significa gestión temprana de casos, medición de resultados, rendición de cuentas y coherencia institucional, para que la respuesta no dependa del azar del despacho que toque. Y, por supuesto, significa invertir en capacidad operativa, porque no se puede exigir eficiencia real a instituciones que trabajan permanentemente sobrecargadas.

Al final, el debate es más sencillo de lo que parece. Queremos una justicia penal que responda a tiempo y que cueste menos a todos, al Estado y a la gente que paga un abogado. Para lograrlo, debemos movernos hacia una cultura de solución, sin debilitar garantías y sin convertir el proceso en un laberinto interminable.

Desde la abogacía, el compromiso es litigar mejor y acordar responsablemente cuando corresponda. Desde el Estado, el compromiso es liderar una estrategia integral y activa que fortalezca las salidas alternas y reduzca la congestión, con reglas claras y aplicación consistente. El colapso no se supera con resignación. Se supera con decisiones, coordinación y responsabilidad compartida.Principio del formularioFinal del formulario

El autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y magíster en Derecho Administrativo y Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Puede ser contactado vía correo electrónico en: [email protected]